El gobierno de Ecuador denunció a más de 21 jueces y fiscales por presuntamente favorecer la liberación de detenidos

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que su cartera de Estado ha presentado más de 21 denuncias contra jueces y fiscales que, según el Gobierno, habrían favorecido la liberación de personas detenidas en operativos contra el crimen organizado, en un contexto marcado por la intensificación de la política de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

En una entrevista concedida a El Universo, el funcionario sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la lucha contra las estructuras delictivas, no solo a través de operativos policiales y militares, sino también mediante el control institucional del sistema judicial. Según indicó, el objetivo es evitar que los esfuerzos de las fuerzas del orden se vean debilitados por decisiones judiciales que permitan la excarcelación de detenidos vinculados a delitos graves.

Reimberg señaló que existe una preocupación dentro del Gobierno respecto al funcionamiento de ciertos operadores de justicia, a quienes acusó de no actuar conforme a las demandas de seguridad de la ciudadanía. En ese sentido, aseguró que se han iniciado investigaciones en coordinación con la Fiscalía y que incluso ya se ha producido la detención de un juez por presuntamente favorecer a organizaciones criminales.

El ministro evitó precisar el número total de jueces investigados, argumentando que revelar esa información podría afectar las indagaciones en curso. No obstante, enfatizó que el mensaje del Ejecutivo es claro: cualquier funcionario judicial que incurra en prácticas irregulares enfrentará consecuencias penales. En sus declaraciones, insistió en que no se permitirá que la justicia “haga lo que hizo el año anterior”, en referencia a decisiones que, según el Gobierno, facilitaron la liberación de detenidos.

Estas afirmaciones se producen en el marco de un balance sobre las medidas de seguridad implementadas en varias provincias del país, particularmente los toques de queda aplicados en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. De acuerdo con Reimberg, estas acciones permitieron ejecutar operativos dirigidos a desarticular economías criminales, incluyendo actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas.

El funcionario explicó que el uso del toque de queda respondió a la necesidad de minimizar riesgos durante intervenciones de alto impacto, en las que se requirió el uso de fuerza y el control de territorios considerados estratégicos para las organizaciones delictivas. También dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas similares en otras provincias, dependiendo de la evolución de las operaciones y de los objetivos identificados por las autoridades.

En términos de resultados, Reimberg indicó que durante marzo se registró una reducción del 28% en ciertos indicadores de criminalidad que no incluyen homicidios, y detalló que se realizaron más de 2.200 allanamientos y se detuvo a unas 4.300 personas. Además, mencionó la captura de objetivos de alto e intermedio valor, así como la identificación de financistas de estructuras criminales.

Sin embargo, reconoció que la disminución de la criminalidad no es absoluta y que continúan registrándose hechos violentos, incluso en zonas donde se aplicaron restricciones de movilidad. Según explicó, esto se debe a que las operaciones contra grupos delictivos se mantienen activas y no dependen exclusivamente de medidas como el toque de queda.

El ministro también abordó la relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial, subrayando que la lucha contra la delincuencia requiere una articulación efectiva entre ambas funciones del Estado. En ese contexto, insistió en que las denuncias presentadas buscan corregir lo que considera desviaciones en el actuar de jueces y fiscales, sin que ello implique una intromisión en sus competencias.

En paralelo, Reimberg destacó la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en materia de inteligencia y estrategias para atacar las estructuras económicas del crimen organizado. Este apoyo, según explicó, se enfoca en debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas, consideradas un eje central en la política de seguridad del Gobierno.