Ecuador: allanaron el Municipio de Guayaquil por presunta falsificación de documentos en medio de la crisis judicial de su alcalde

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron la tarde del 2 de abril de 2026 un allanamiento en varias dependencias del Municipio de Guayaquil, en el marco de una investigación previa por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. La diligencia se desarrolló en el edificio municipal, ubicado en el centro de la ciudad, e incluyó el ingreso de agentes a oficinas clave como el despacho del alcalde, la Secretaría General y la dirección de Talento Humano, según información oficial y reportes preliminares.

El operativo fue confirmado por la Fiscalía aproximadamente una hora después de iniciada la intervención, precisando que se trataba de un “acto urgente” dentro de una investigación iniciada en marzo de 2026. Durante el procedimiento, los agentes recopilaron e incautaron documentación vinculada al presunto delito investigado, centrado en la posible alteración o uso irregular de documentos administrativos dentro de la estructura municipal.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, la diligencia estaría relacionada con una denuncia sobre la supuesta falsificación de la firma del alcalde Aquiles Álvarez en un documento vinculado a una licencia sin sueldo tramitada tras su detención en febrero de este año. Este elemento, aunque no ha sido confirmado oficialmente como el único eje de la investigación, fue señalado por autoridades municipales como uno de los puntos revisados por los fiscales durante la inspección de archivos institucionales.

El allanamiento se produjo en un contexto político y judicial particularmente sensible. Horas antes, un tribunal de apelación había revocado la prisión preventiva de Álvarez en el denominado caso “Goleada”, que investiga presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Sin embargo, el alcalde continúa recluido debido a otros procesos judiciales en su contra, entre ellos el caso Triple A y una investigación por la supuesta manipulación de su grillete electrónico.

Al momento del operativo, la administración municipal se encontraba bajo la conducción subrogante de la vicealcaldesa Tatiana Coronel, debido a la ausencia del titular, quien acumulaba al menos cinco días sin ejercer funciones tras solicitar vacaciones. En ese contexto, el Concejo Cantonal sesionó previamente en el Palacio Municipal, sin abordar de forma directa la situación jurídica del alcalde ni los efectos administrativos de su ausencia.

Desde el interior del Municipio, funcionarios y autoridades locales señalaron que se facilitó el acceso a la información requerida por la Fiscalía. En un comunicado difundido la tarde del mismo día, la institución aseguró haber entregado toda la documentación solicitada y reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones en curso. El mensaje oficial subrayó que se brindaron “todas las facilidades necesarias para el desarrollo de este procedimiento” y que el objetivo institucional es contribuir al esclarecimiento de los hechos.

En los exteriores del Palacio Municipal se registraron también reacciones ciudadanas. Un grupo de personas se congregó en las inmediaciones del edificio, donde corearon consignas tanto a favor de la administración local como en rechazo al Gobierno central. La tensión aumentó al momento en que la fiscal a cargo del operativo abandonó el lugar, escoltada por agentes policiales, mientras manifestantes la increpaban, golpeaban el vehículo en el que se movilizaba y lanzaban objetos.

El procedimiento concluyó pasadas las 15:30, tras varias horas de revisión documental en las dependencias municipales. Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni sobre la formulación de cargos, aunque se prevé que la información recabada durante el allanamiento sea incorporada a la investigación en curso.

El desarrollo de la investigación sobre el presunto uso de documentos falsificados en el Municipio de Guayaquil podría tener implicaciones no solo administrativas, sino también políticas, dependiendo de los resultados que arrojen las pericias y el análisis de la documentación incautada.