Motín en la cárcel de Devoto en protesta por el cierre de los centros estudiantiles en los penales federales

Presos de la cárcel de Devoto iniciaron ayer a la noche un motín para reclamar por la reapertura de los centros estudiantiles que funcionaban en los penales federales y que por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación fueron inhabilitados.

La protesta se llevó a cabo en los pabellones 1 y 5, donde los presos quemaron colchones y sábanas y colgaron banderas en las ventanas. “Tenemos derecho a la educación 1985-2025″, es uno de los mensajes que llegan a leerse en uno de los trapos que sobresalen en la cárcel ubicada en la calle Bermúdez al 2651, en el barrio porteño de Villa Devoto. “La Universidad es de todos. CUD. 40 años”, dice otra las banderas colgadas en el penal.

De acuerdo con lo que trascendió, el motín comenzó hacia las 21:30 y se extendió por más de una hora y media. Está previsto que esta noche los presos se vuelvan a manifestar. No se informó acerca de heridos.

El reclamo de los reclusos se dio a más de una semana de que se diera a conocer la resolución -publicada en el Boletín Oficial- acerca de la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La autoridad que administra los establecimientos penitenciarios del país, argumentó la decisión señalando que esta dinámica afecta la principal finalidad que busca la readaptación social.

Además de los programas criminológicos de seguridad que el régimen desarrolla, se destacan los planes de reinserción de las personas privadas de la libertad, a la sociedad. Esta acción implica tareas obligatorias como las laborales y las vinculadas al mantenimiento de espacios comunes.

En este sentido, el documento sostiene que “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales”, e incluye también “aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos —artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL—, se orientan a compensar los recursos invertidos por el ESTADO NACIONAL en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo”.

Por tanto, el Ministerio de Seguridad estableció anteriormente la obligatoriedad para todos los internos alojados en el SPF de “participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”.

Al respecto, la Resolución 372/2025 explicó que la asistencia de reclusos a las jornadas educativas, exceden los tiempos establecidos y afectan las reglas de progresividad. Además, mencionó que esa dinámica genera dificultades para el cumplimiento del tratamiento penitenciario individualizado, obligatorio por ley, y que incluso se han reportado alteraciones en materia de seguridad.

No obstante, el documento oficial firmado por la ministra, Patricia Bullrich, reconoció que la educación en contexto de encierro es un derecho garantizado por leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Además, este beneficio se encuentra amparado por las leyes 24.660, 26.206, 26.058 y 24.521, lo que da lugar a la existencia de programas educativos de nivel universitario en más de 30 unidades federales.

Sin embargo, el Ministerio remarca que la creación de centros de estudiantes no se encuentra contemplada normativamente. “Que en este contexto normativo, la realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento —que es obligatorio— pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema”, describen desde el organismo.

Según explicaron, los detenidos se encuentran organizados bajo la figura de centros de estudiantes que “invocan la representación de internos estudiantes”, y que permanecen de lunes a viernes durante toda la jornada en esos espacios —entre las 9 y las 18 horas, dependiendo del establecimiento—, superando ampliamente el tiempo requerido para asistir a clases, bajo el pretexto de actividades estudiantiles.