Empieza el juicio contra policías acusados de brutalidad en una comisaría de La Plata

La justicia de La Plata inicia un juicio oral contra siete policías acusados de violencia institucional en la subcomisaría de Domselaar, partido de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. Los agentes enfrentan cargos por torturas, apremios ilegales, abuso sexual agravado y hurto agravado contra personas detenidas en la dependencia policial.

El proceso judicial, que se desarrollará en el Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata, contará con la declaración de 85 testigos. La fiscalía buscará demostrar la existencia de prácticas sistemáticas de abuso dentro de la comisaría, mientras que la defensa intentará desestimar las acusaciones. Los imputados llegan a juicio en libertad y serán representados por la defensora oficial Ana Julia Cova.

El fiscal Juan Caniggia encabezará la acusación y presentará pruebas médicas y documentales que, según sostiene el Ministerio Público, acreditarían las agresiones sufridas por los detenidos. La investigación preliminar fue llevada adelante por la fiscal Virginia Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de La Plata.

Los policías imputados y los delitos investigados

Los acusados son Cecilia Soledad Ballerini, Jorge Edgardo Rodríguez, Rodolfo Morales, Lucas Vizgarra, Carlos Remuzzi, Emilce Ponce y Juan José Vicente Fernández. La fiscalía sostiene que cometieron sometimiento a severidades y vejaciones en concurso ideal con torturas, además de otros delitos vinculados a la represión ilegal dentro de la subcomisaría.

Según la investigación, los agentes golpeaban a los internos, les sustraían pertenencias personales y los sometían a diversas formas de abuso. La acusación señala que estas prácticas no fueron hechos aislados, sino parte de una conducta repetitiva dentro de la institución.

El caso tiene un precedente reciente. El 27 de diciembre de 2024, la justicia de La Plata condenó a nueve policías por hechos de violencia institucional en la misma dependencia. Durante aquel proceso, la jueza Belén Piccone impuso penas de hasta cinco años y medio de prisión tras demostrarse que los agentes obligaron a los detenidos a desnudarse y los golpearon con palos y escudos.

Uno de los testigos de ese juicio, Mario Andrés Bustos, relató que, a pesar de su discapacidad, los efectivos le exigieron caminar sin su prótesis y le rompieron su dentadura postiza. La fiscal Victoria Huergo sostuvo la acusación en aquella ocasión, logrando las condenas. Este antecedente refuerza la postura de la fiscalía en el nuevo juicio.

Expectativa por los testimonios y pruebas

Las declaraciones de las víctimas serán clave para determinar la responsabilidad de los acusados. La fiscalía presentará informes médicos que documentan lesiones compatibles con maltratos físicos, además del análisis de registros administrativos de la comisaría que podrían evidenciar irregularidades.

El tribunal evaluará si las pruebas reunidas son suficientes para dictar sentencia. Según fuentes judiciales, el debate oral podría extenderse varios días debido a la cantidad de testigos citados.

El proceso contra los siete policías no solo busca establecer responsabilidades individuales, sino que también podría consolidar un criterio más firme en los casos de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires.

Con el antecedente de la sentencia de diciembre, la fiscalía confía en que este juicio refuerce el compromiso del Estado en la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y marque un nuevo precedente en la lucha contra los abusos policiales.

Dos policías fueron detenidos en Córdoba por una denuncia de abuso sexual

El domingo por la tarde, un operativo policial en Berrotarán, Córdoba, culminó con la detención de dos policías acusados de abuso sexual. Los agentes detenidos son un sargento ayudante de 46 años y un sargento de 44, arrestados bajo orden de la Fiscalía de Río Cuarto. El operativo, que incluyó allanamientos en los barrios Tanque y Radosta, fue realizado por la policía de Córdoba con la colaboración de unidades tácticas y de la Guardia de Infantería. La denuncia, presentada por una joven cuya identidad se mantiene en reserva, señala que la víctima fue invitada a la casa de uno de los uniformados, donde posteriormente se sumó el otro acusado. La fiscalía está investigando los hechos con base en testimonios y pericias.

El caso ha generado conmoción en Berrotarán, una localidad de unos 7.000 habitantes, y se ha informado que los detenidos fueron trasladados a la cárcel de Río Cuarto, a disposición de la justicia. La Policía de Córdoba emitió un comunicado sobre el arresto, indicando la intervención del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, que ha dispuesto la situación pasiva de ambos agentes durante la investigación. Los acusados trabajaban en diferentes dependencias de la policía: uno en la Departamental Río Cuarto y el otro en la Departamental Calamuchita. Se espera que la fiscalía continúe con las indagatorias y evalúe si solicitará prisión preventiva.