Las pistolas Byrna, fabricadas por la firma argentina Bersa, se convirtieron en una estrella reciente del marketing político de la seguridad. Con un precio de poco más de un millón de pesos y un aspecto impactante -que remite a las armas del clásico videojuego Time Crisis-, fueron impulsadas en la arena pública en abril de 2023 por Diego Kravetz, en ese entonces secretario de Seguridad de Lanús, que decidió implementarlas para la tropa local. Su efecto era doble: las pistolas Byrna -de aire comprimido que disparan municiones de impacto y de gas pimienta a una distancia de 20 metros, cargas, en teoría, no letales- prometían frenar a un delincuente sin matarlo y a la vez dar una imagen recia al público. También se comercializan en formato de rifle lanzador, más impactante todavía.
Con el tiempo, las Byrna aparecieron en spots protagonizados por el intendente marplatense Guillermo Montenegro y fueron adoptadas por la Policía de la Ciudad.
Ayer martes, Brian Max Torrico, un efectivo de la fuerza porteña fue detenido por la Subb DDI de Vicente López, que depende de la DDI de San Isidro dela Policía Bonaerense, acusado de hurtar una serie de estas armas y ofrecerlas a una armería que las revendía en redes sociales, luego de ser denunciado por uno de los máximos directivos de la firma Bersa, en una causa por el delito de hurto a cargo de la UFI Vicente López Oeste, interinamente a cargo del fiscal Alejandro Guevara. El fiscal indagará al policía en las próximas horas. Según estiman fuentes del caso, es altamente probable que se niegue a declarar.
Según fuentes judiciales, Torrico habría vendido las pistolas a medio millón de pesos cada una, con sus correspondientes cartuchos de gas y balines.
La denuncia del hurto fue realizada el viernes pasado por el alto directivo de Bersa, confirmaron fuentes del caso a Infobae. El ejecutivo aseguró que durante la ultima semana de diciembre último, la empresa realizó una mudanza de productos desde Ezeiza hasta un depósito en Florida, partido de Vicente López. Un relevo posterior del stock reveló que, claramente, había un faltante de armas y cartuchos.
La investigación fue encargada a la Sub DDI de la zona, que detectó a través de diversos testimonios que las pistolas habrían sido publicadas en las redes sociales de una armería de Isidro Casanova. Allí, un encargado del local reconoció que las tenía y que las había comprado a un tal “Brian”, un supuesto “proveedor”. Chequearon el número de serie de las armas: efectivamente, correspondían al stock robado.
Así, se aplicó un poco de ingenio; se organizó una falsa compra. Torrico apareció al día siguiente. Cayó con 125 garrafas de CO2 de 12 gramos marca Byrna, 95 proyectiles de goma cada uno y un rifle lanzador. El rastro no terminaba allí: su primo Lucas fue arrestado en otra falsa compra con el resto del stock, otras 21 pistolas.
Torrico, de 30 años, vecino de La Matanza, con ocho años en la fuerza, ingresó a la Policía de la Ciudad tras el traspaso de la PFA en 2017. Con jerarquía de oficial, es parte de un área sensible, el Departamento de Operaciones Urbanas de Contención. Por lo pronto, el Ministerio de Seguridad porteño inició un sumario administrativo en su contra.
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