Roberto Altamiranda es un viejo conocido de la Justicia de Salta. En su largo prontuario, registra una condena -ya cumplida- de 5 años de prisión por promoción de la prostitución y más de veinte denuncias por diferentes delitos, entre ellos robo, amenazas, abuso sexual, tenencia de drogas y facilitación de la prostitución.
En las últimas semanas, Altamiranda fue arrestado tras haber sido acusado de captar a jóvenes vulnerables en inmediaciones de un hogar terapéutico. Lo detuvieron mientras merodeaba ese lugar justamente, luego de que una joven de 17 años lo identificara como su captor durante tres meses. De esa manera, sumó una nueva causa a su extenso historial de antecedentes: ahora bajo la acusación de trata de personas con fines de explotación sexual.
El caso por el que es investigado comenzó cuando la menor fue interceptada en junio pasado a la salida del hogar Kuera, un centro que asiste a niñas y adolescentes con problemas de salud mental y adicciones, depende de la Secretaría de la Niñez y se ubica en la periferia de la ciudad de Salta.
Altamiranda, conocido en la zona como “Perro”, se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la joven, ofreciéndole cigarrillos y drogas para ganarse su confianza. Posteriormente, la retuvo en un galpón que funcionaba como lavadero de autos en la zona de Villa San Antonio, conocido por sus antecedentes de prostitución.
Durante su cautiverio, la joven fue sometida a maltratos físicos y privaciones, mientras que su raptor continuaba proporcionándole drogas para mantenerla bajo control. Altamiranda, además, le retuvo su documento de identidad, aislándola aún más del mundo exterior. En este entorno de abandono, él ofrecía los servicios sexuales de la adolescente a diversos hombres, varios identificados como choferes de remiserías locales, quienes la conocían bajo el título de “dama de compañía”.
A pesar del método de engaño, sumisión y amenazas, la joven encontró finalmente la oportunidad de escapar. Un descuido por parte de Altamiranda permitió a la adolescente huir del galpón y buscar protección en el mismo hogar terapéutico.
El drama de la joven recrudeció cuando, el 7 de noviembre último, Altamiranda volvió a aparecer afuera del centro asistencial, amenazándola de muerte. La misma tarde de la agresión, la madre de otra residente del hogar, al enterarse de lo sucedido, lo confrontó, filmándolo con su celular. “Perro” intentó quitarle el teléfono y alejarse del lugar, pero fue capturado por la Policía gracias a la intervención de transeúntes que colaboraron con la mujer en ese momento. Las investigaciones posteriores revelaron el horrendo contexto en el que operaba Altamiranda.
La fiscal Nazarena Guzmán Alsina explicó que el expediente se había iniciado en el fuero provincial por un delito de amenazas, en manos de la Fiscalía de Violencia de Género N°2, pero pronto arrojó indicios de trata de personas. Al trasladarse el caso al fuero federal, el galpón, de aspecto abandonado y donde se expende drogas, fue allanado por personal de Gendarmería. Luego se sumaron otras pruebas que reforzaron la acusación.
Finalmente, en una audiencia que tuvo lugar el 14 de noviembre, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, aceptó la competencia del caso y formalizó la imputación penal contra Altamiranda: enfrenta cargos por trata de personas agravada por engaño, amenaza, consumación del delito y la minoría de edad de la víctima, además de amenazas. Además, se dispuso la prisión preventiva del acusado, dada la gravedad de los hechos y el riesgo evidente de fuga debido a sus antecedentes.
Durante esa audiencia, la defensa de Altamiranda no presentó objeciones y él se abstuvo de declarar.
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