Pidieron indagar a cuatro sacerdotes del Opus Dei por trata de personas

La Justicia federal solicitó la indagatoria de cuatro autoridades del Opus Dei en una causa por trata de personas y reducción a la servidumbre. Según la acusación, más de 40 mujeres habrían sido reclutadas en su niñez y adolescencia para hacer tareas domésticas de forma gratuita para la organización, tanto en la Argentina como en el exterior, desde 1972 hasta 2015.

En la investigación, a cargo de la Fiscalía Federal N°3 de Capital Federal a cargo de Eduardo Taiano y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), bajo los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, se encuentran imputadas varias ex autoridades de la institución. Tres acusados ocuparon el cargo de “vicarios regionales” a lo largo de esos años, mientras que un cuarto se desempeñó como “secretario regional” a cargo de la sección “Mujeres”.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, según anunció en un comunicado en su sitio oficial, la supuesta reducción a la servidumbre comenzaba con la selección de mujeres jóvenes de bajos recursos, usualmente provenientes de zonas rurales alejadas, bajo la promesa de “recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales”. Luego, si mostraban vocación para ser “numerarias auxiliares”, eran destinadas “de por vida” a tareas domésticas en centros del Opus Dei para, en su mayoría, hombres adinerados.

La investigación indica que las jornadas laborales habrían sido sin ningún tipo de retribución, ni la posibilidad de salir del lugar. En los casos que sí recibían enumeración, debían devolverla a las autoridades a cargo de los sitios en donde residían.

Las mujeres eran supuestamente reclutadas a través de sacerdotes y miembros de sus comunidades, quienes les prometían formación y capacitación: “¿En qué condiciones una mujer pobre, inmigrante y menor de edad consiente ‘dedicar su vida’ a servir a los demás fieles? ¿Cuál es el valor jurídico de esa supuesta ‘voluntariedad’?”, plantearon Taiano, Mángano y Colombo.

Según el MPF, vivían en un estado de total aislamiento: sin acceso libre a medios de comunicación, ni posibilidad de ver el exterior o establecer vínculos. La televisión se encontraba bajo llave y solo podían ver películas seleccionadas “estrictamente”. A su vez, eran vigiladas constantemente y hasta medicadas para aliviar la situación de sometimiento.

“El acceso a la atención médica y psicológica estaba completamente controlado y manipulado, lo que perpetuaba su estado de vulnerabilidad y dependencia dentro de la organización”, agregan desde el organismo.

Las víctimas eran rotadas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia, el interior del país e incluso el exterior. No participaban en esta decisión y solo se les informaba una vez tomada. El objetivo de los traslados era cubrir ciertas funciones, garantizar la convivencia, evitar vínculos afectivos, adaptarse a las necesidades del Opus Dei o por salud. Todas las víctimas son mujeres pobres, la mayoría reclutadas durante su infancia o adolescencia, y en algunos casos, inmigrantes.

El Opus Dei negó las acusaciones

La Prelatura del Opus Dei en Argentina emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones que señalan a la organización por estar involucrada en casos de trata de personas y explotación laboral. Las denuncias, realizadas por un grupo de mujeres que formaron parte de la institución entre 1991 y 2015, han causado “sorpresa y dolor” en la Prelatura, que asegura que se trata de “una descontextualización completa” de las vivencias de las denunciantes.

Según el comunicado, las mujeres que presentaron la denuncia refieren inicialmente a “inconsistencias en aportes previsionales y laborales” mientras formaban parte de la organización. Sin embargo, aseguran que las acusaciones han evolucionado hacia afirmaciones infundadas de explotación y trata. La Prelatura subraya que las mujeres pertenecían a un programa educativo llamado ICES, una iniciativa solidaria destinada a combatir la deserción escolar y brindar formación técnica, la cual fue “aprobada y fiscalizada por las autoridades estatales durante más de 40 años”.

El comunicado distingue entre dos etapas de la vida de las denunciantes: una vinculada a su paso por ICES y otra posterior, cuando algunas de ellas eligieron convertirse en numerarias auxiliares del Opus Dei, miembros laicos que llevan una vida espiritual dentro de la Iglesia Católica. La institución asegura que estas mujeres tomaron esa decisión libremente, manifestando su voluntad en repetidas ocasiones y que, para abandonar la organización, “no existe barrera alguna”.