La Justicia les negó la excarcelación a los hermanos Kiczka, acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

Los hermanos Germán y Sebastián Kiczka seguirán detenidos en la Unidad Penal VIII, de la localidad misionera de Cerro Azul, ya que Miguel Faria, titular del Juzgado Penal 4 de Apóstoles, les denegó este miércoles la excarcelación que habían solicitado hace 24 horas. Ambos están acusados de poseer y distribuir material de abuso sexual infantil.

Según le informaron fuentes judiciales a Infobae, Faria considera que existe en el caso del diputado y su hermano existe la “posibilidad de fuga y que puedan eludir la acción de la Justicia”.

El recurso presentado por el abogado de los detenidos, Gonzalo de Paula, fue presentado este martes, y ya desde un principio contó con la oposición de la fiscal del caso, Silvia Barronis, quien recordó que los acusados pasaron una semana prófugos luego de que se emitieran los pedidos de detención.

Tras sus capturas, los hermanos Kiczka habían sido alojados en un principio en la Comisaría Segunda de San José, pero luego de una serie de imágenes que trascendieron, en las que se los vio compartiendo risas y tortas fritas con sus familiares, el domingo finalmente fueron trasladados a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul “por motivos de seguridad”. Allí, permanecen separados del resto de los presos.

“Como ya fueron indagados, el magistrado consideró prudente que sean alojados en una cárcel”, indicaron en ese momento fuentes consultadas por este medio.

El pedido de excarcelación de los hermanos llegó luego de que el juez Faria encabezara en la mañana del martes un allanamiento en un bar ubicado en la calle Alvear al 600 de la localidad de Apóstoles, en el que antes funcionaba una radio.

Varios testigos indicaron que ese podría haber sido un lugar de captación de víctimas de los hermanos ahora presos. El dueño es Pedro Puerta, hijo del ex gobernador y efímero ex presidente de la Nación Ramón Puerta, un contacto político clave de Germán Kiczka. El procedimiento fue realizado por la Policía de Misiones.

El lugar había sido antes una oficina de Cigarros Misioneros, una empresa del grupo Puerta en la que el diputado preso trabajó antes de lanzarse a la política con su amigo Pedro. En el expediente aún no ha quedado establecido con claridad cuáles fueron las funciones específicas que Kiczka cumplió en la compañía.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que en ese lugar el diputado Kiczka tenía una oficina. Por eso se decidió el registro. Para concretar el procedimiento, el magistrado debió recurrir a la asistencia de un cerrajero para abrir la puerta de la dependencia y también los cajones de los muebles.

Tras la revisión exhaustiva del sitio, la Justicia secuestró una notebook, un teléfono celular y dispositivos de almacenamiento (como pendrives y CD’s), además de varios papeles.

Al finalizar el operativo, el juez Faria tuvo un breve contacto con la prensa: “Que la gente se quede tranquila. La causa avanza con total transparencia y garantías de que las cosas se están haciendo bien”. También negó la posibilidad de que el procedimiento haya tenido que ver con Pedro Puerta. “Germán Kiczka”, sentenció cuando se le preguntó a quién estaba vinculado el operativo.

La referencia a la “transparencia” con la que se lleva la causa responde a un fuerte malestar que Faria sintió en los últimos días a causa de declaraciones públicas de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. La funcionaria consideró que a Germán Kiczka “deberían haberlo dejado detenido en el momento en el que le avisan que va a quedar imputado en una causa que tiene bastante gravedad y que lleva muchos años de cárcel”.

Fuentes cercanas al magistrado, consideraron lo dicho por Bullrich como “ignorancia pura”. ”¿Cómo detenerlo a Germán Kiczka, antes del desafuero, si contaba con inmunidad constitucional?”, se preguntaron al ser consultados por Infobae. Y recordaron que, de proceder como la ministra sugirió, “si el desafuero no se producía, el juez quedaba preso por privación ilegítima de la libertad”.

El origen del caso

El juez Faria recibió el informe definitivo del análisis del material secuestrado a ambos hermanos durante allanamientos realizados en febrero. Allí, se comprobó lo que indicaban los informes preliminares, en los que se indicaba la presencia de material de abuso sexual infantil. Entre los archivos hallados, se encontraron escenas de pedofilia, zoofilia -menores abusados por animales- y posible incesto.

El diputado era observado de manera especial desde ese momento, cuando el domicilio en el que viven su padre y su hermano, en la ciudad de Apóstoles, fue allanado en busca de ese tipo de material. Fue allí que se encontró una computadora personal del diputado y se estableció que descargó y compartió el material a través de la red eMule.

Así, se inició una investigación de la Policía de Misiones, con las áreas de Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos, que aportó pruebas al juez, quien dictó una nueva orden para otro allanamiento, que se llevó a cabo el martes 6 de agosto.

En la casa del diputado se secuestraron un teléfono celular, un pendrive y una computadora personal, que se sumó a la secuestrada en febrero. Allí, nuevamente se hallaron en esos dispositivos archivos con material pedófilo, aunque todavía se aguardan los análisis forenses del contenido.

Al mismo tiempo, en otro allanamiento en la casa de los familiares del diputado, se secuestraron revistas y juguetes sexuales, que están siendo analizados junto a otros elementos reunidos allí y que pertenecerían al hermano del legislador. Sobre el padre de los hermanos, de momento, no pesa ninguna acusación.

Una vez que la legislatura misionera procedió a quitarle los fueros a Germán Kiczka, se emitieron las órdenes de detención sobre los hermanos, aunque al ir a buscarlos, ya se habían fugado. Al diputado lo hallaron seis días después a unos 200 kilómetros de su casa, en Loreto, Corrientes. A Sebastián, por su parte, lo atraparon al día siguiente a solo 40 kilómetros de Apóstoles, en San Juan de la Sierra, por lo que ni había salido de la provincia.

El allanamiento de febrero al domicilio del padre y el hermano de Kiczka se realizó dentro del marco de la investigación internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”, encabezada desde la Ciudad de Buenos Aires por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, que apuntaba a pedófilos que descargaban y compartían contenido prohibido.

Argentina participó de ese operativo junto a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile en el caso que se inició el 16 de enero pasado, a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés).

En Argentina, hubo nueve registros investigados: dos en la Ciudad de Buenos Aires, cinco en provincia de Buenos Aires (en las localidades de Pilar, Rafael Calzada y Villa Luzuriaga), uno en Tucumán y este de Misiones. En CABA hubo 2 detenidos. Ambos son hombres de 49 años.