Una serie de inspecciones concluyeron con cinco locales clausurados en la Ciudad de Buenos Aires porque se dedicaban a la cría y el comercio ilegal de especies marinas. Según le informaron fuentes policiales a Infobae, durante el procedimiento se secuestraron más de mil corales cuyo valor en el mercado en negro es de $400 millones.
Los responsables de los comercios fueron imputados por infracción a la Ley de fauna y silvestre y ejercicio de actividad sin habilitación. Para tener una referencia, en acuarios bonaerense se consiguen corales desde 5.000 hasta 550.000 pesos. Los más vendidos, por caso, se cotizan de 50.000 a $400 mil.
Todo surgió en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), en la que se descubrió que los negocios que se clausuraron en las últimas horas simulaban ser acuarios. Bajo esta fachada, operaban ilegalmente.
Las inspecciones estuvieron a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y fueron llevadas a cabo junto al Departamento de Delitos Ambientales de la PFA.
Así, durante los controles, se encontraron diversos animales: corales, estrellas de mar y peces cartilaginosos protegidos como las rayas, detallaron las fuentes.
Las especies fueron reconocidas por los biólogos del Departamento de Delitos Ambientales que integraron el procedimiento, la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y otros organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
A su vez, secuestraron más de 1200 corales de diversas especies. Según la información aportada por las fuentes, se estima que su valor en el mercado negro ronda los 400 millones de pesos.
De inmediato, advirtieron que en los cinco locales se estaba infringiendo la normativa de fauna silvestre (expuesta en la Ley Nacional 22.421) además de que no contaban con la documentación que avalara la tenencia legal de los animales, que están expresamente protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
Es más, la cría de estas especies está expresamente prohibida en la Ciudad. Por estos motivos, posteriormente, se labraron actas y se procedió a clausurar los cinco locales implicados.
Finalmente, el fiscal Carlos Rolero Santurián, quien está a cargo de la UFEMA, imputó a los cinco responsables de los negocios por infracción a la Ley de fauna silvestre y por ejercicio de actividad sin habilitación.
Maltrato animal en Pompeya
Seis perros que vivían en condiciones deplorables dentro de una vivienda del barrio porteño de Pompeya fueron rescatados a mediados de agosto gracias a intervención de la justicia porteña y puestos al resguardo de una ONG especializada en maltrato animal.
Ante la denuncia de un vecino, que refería ladridos constantes y malas condiciones de higiene, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián, solicitó un allanamiento en un domicilio de la calle Cachi al 700.
Tras una investigación realizada por el fiscal Rolero, se comprobó que los animales eran víctimas de distintos actos de crueldad por parte de su dueña y se solicitó la intervención del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de Primera Instancia N°18, a cargo del doctor Ricardo Baldomar, con el objeto de hacer cesar todos esos tormentos.
En el procedimiento participó personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Delitos Ambientales y la División Canes, veterinarios de estos organismos, la Agencia de Protección Animal del Gobierno de la Ciudad (APRA) y la ONG Callejero Casa Quiere.
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