Un macabro hecho ocurrió en la madrugada de hoy martes en el cementerio municipal de San Francisco, provincia de Córdoba, zona ubicada a 220 kilómetros de la capital provincial.
Allí, una mujer de la zona fue detenida por personal de la Policía provincial, cuando supuestamente le cortó los dedos índices con una tijera a un cadáver que había exhumado poco después de la medianoche, tras cavar la tumba con una pala. La mujer, de 36 años, es vecina de la zona, ex empleada de una empresa tercerizadora de limpieza y una ART. Su perfil comercial revela una millonaria deuda en rojo con varias firmas de préstamos y tarjetas de crédito.
Así, personal de la Departamental San Justo la trasladó a una celda, a la espera de las directivas de la fiscalía de turno. El encargado del cementerio se hizo presente en el lugar. La principal sospecha del caso, aseguraron fuentes del expediente a Infobae, sería la de una posible “brujería por encargo”.
“Hay pruebas recolectadas que apuntan en ese sentido”, asegura una fuente policial cordobesa.
Sin embargo, la imputación podría convertirse en el mayor problema del caso. Las profanaciones de tumbas y los robos de cadáveres en los últimos años, delitos especialmente macabros, y una rareza en el sistema judicial argentino, presentan un problema de encuadre desde el Código Penal.
Pasa lo siguiente: técnicamente, robar un cadáver en la República Argentina no es delito.
“Nuestro Código Penal hace alusión a la sustracción de cuerpos pero sólo si es extorsiva, es decir, si se pide dinero a cambio”, explicaba una fuente judicial años atrás Infobae. La fuente se refería a la Ley N° 11.179, que en su artículo 171 dice que “sufrirá prisión de dos a seis años el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución”.
La realidad es que el robo de un cadáver es penado únicamente por el Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires a partir del Decreto de ley 8031/73. Según su texto, sancionará a quien “sustrajere un cadáver o sus cenizas”, “mutilare o destruyere un cadáver sin la correspondiente autorización” o “profanare un cadáver” con hasta 90 días de arresto y una multa, la que, según manifestaron a este medio fuentes judiciales, “es prácticamente simbólica”.
El caso remite, por ejemplo, al del cuerpo de Ciro Lescano, un bebé de un año y dos meses, robado de su ataúd en una cripta en el cementerio de Otamendi, localidad cercana a Miramar. El caso ocurrió en la Nochebuena de 2016: sigue irresuelto hasta hoy.
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