Secuestraron más de 400 juguetes durante un operativo policial por venta ilegal en un local de Balvanera

Secuestraron más de 450 juguetes debido a la venta ilegal de apócrifos. El hecho sucedió en un local en el barrio de Balvanera donde la policía decomisó artículos considerados peligrosos para el uso infantil por la ausencia de controles y materiales autorizados. De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal, los juguetes no se encontraban confeccionados según estándares regulados por la normativa vigente y se notificó a los dueños de los comercios.

En una serie de operativos, las autoridades llevaron a cabo el secuestro de 468 juguetes que se encontraban a la venta en comercios de la zona. La acción se enmarca en una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), liderada por Blas Matías Michienzi, quien dispuso inspecciones simultáneas en diferentes locales comerciales.

El despliegue policial contó con la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, acompañado por efectivos de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. Durante las inspecciones, los efectivos constataron que los juguetes comercializados no cumplían con las medidas de seguridad ni exhibían las certificaciones requeridas, lo que los vuelve potencialmente riesgosos para la salud pública.

En los operativos participaron, además, agentes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), representantes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), personal de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), integrantes de la Dirección General de Protección de Trabajo (DGPT) y de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC). La presencia de estos organismos permitió abordar la problemática desde diferentes aspectos, sumando una mirada integral al procedimiento.

De acuerdo con la UFEMA, la venta de juguetes apócrifos representa un riesgo sanitario concreto, ya que estos productos no están sujetos a las pruebas ni controles exigidos por la autoridad competente. El material con el que están elaborados puede contener sustancias tóxicas o aquellas cuya manipulación no está permitida en artículos destinados a menores de edad.

La investigación por venta ilegal de juguetes

El operativo en Balvanera forma parte de una serie de acciones preventivas orientadas a detectar y erradicar la comercialización de mercadería adulterada en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la causa judicial, se encuentra en etapa de instrucción. En el mientras tanto, la UFEMA mantiene abiertas varias investigaciones sobre la venta de productos potencialmente peligrosos o prohibidos.

Por este motivo, los responsables fueron imputados por infracciones a los artículos 201 y 289 inciso 1 del Código Penal, que tratan delitos contra la seguridad pública y la fe publica. Esta disposición castiga la adulteración de sustancias medicinales o alimenticias y la falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales. Los imputados podrían enfrentar sanciones penales y administrativas por la violación de las normas de seguridad y comercialización: podrían tener una sanción de entre 6 meses a 3 años de prisión además de la multa económica que según la gravedad podrá variar entre los $10.000 y los $200.000.

La UFEMA advirtió que continuará con los controles en otros puntos de la ciudad para prevenir la circulación de artículos apócrifos y proteger la salud de los consumidores, en particular la de los niños y niñas. Entre las tareas habituales se encuentra la inspección de locales, la recolección de pruebas y la intervención de distintas áreas del gobierno porteño.

En este marco, el Ministerio Público Fiscal recomienda a la población adquirir siempre juguetes y productos infantiles en locales habilitados, que exhiban la debida certificación. También alienta a denunciar la venta de artículos ilegales o sin control, utilizando los mecanismos oficiales de comunicación previstos por el organismo. Según su política de calidad, el objetivo es fortalecer la articulación con la comunidad y facilitar el acceso a la justicia ante hechos que puedan afectar la salud y la seguridad de las personas.