Robo, lesiones y suministro de estupefacientes: los antecedentes del hombre al que detuvieron con una granada fuera del Congreso

El debate previo a la aprobación de la Ley Bases tuvo su foco no solo en lo que estaba sucediendo dentro del recinto con los senadores, sino también en lo que ocurría en las afueras del Congreso, con los violentos acontecimientos de este miércoles 13 de junio. A raíz de esta situación, hubo más de 30 detenidos, quienes en su mayoría fueron apresados por los incidentes con las fuerzas de seguridad. De todos ellos, llamó la atención el caso de Cristian Fernando Valiente (41), quien tenía en su poder una granada de gas y por eso fue capturado.

El hombre, con domicilio registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es la primera vez que tiene problemas con la Policía. Este mismo año figuraban registros previos, por parte del Grupo de Acción Preventiva (GAP), por lesiones leves. Además, Valiente tuvo una causa en el 2022 por suministro de estupefacientes y violación de domicilio, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Asimismo, un año antes quedó en el foco de atención por averiguación de ilícito, mientras que en el 2017 ocurrió lo propio por robo. También en el 2019 se le declaró la extinción de la acción penal por prescripción en una causa por el presunto delito de hurto en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría.

En el operativo de este miércoles, la fuerza de seguridad porteña estaba a cargo de custodiar los alrededores al Congreso y la avenida 9 de Julio. Para dicha tarea, participaron aproximadamente 750 efectivos. Uno de los detenidos fue el mencionado Cristian Valiente.

A su vez, desde el Ministerio de Seguridad emitieron un comunicado este jueves en el que destacaron que “a consecuencia de dichos acontecimientos, ocho efectivos de la Policía Federal Argentina y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron cuantiosos daños materiales: un automóvil incendiado intencionalmente, la totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad afectadas allí al uso público y diversos contenedores, entre otras cosas”.

Asimismo, explicaron: “Hasta el momento hay 33 piqueteros detenidos, pero estimamos que hay más, en la medida en que sean identificados los agresores”. En el mismo sentido, agregaron: “Este Ministerio denunciará los daños sufridos en su equipamiento, sin perjuicio de las lesiones a los efectivos de las Fuerzas, que ya son motivo de la investigación del fiscal Carlos Stornelli, quien además imputa a los autores una larga serie de delitos, como atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública, atentado contra el orden constitucional y estragos, entre otros”.

“Además, el Ministerio demandará los costos del operativo, los cuales están en proceso de determinación, ya que incluirán no solo las erogaciones necesarias para el despliegue sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado. El que las hace, las paga”, concluyó el mensaje.

Del mismo modo, desde la Oficina del Presidente ya se había señalado: “La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”.

En ese contexto, la Policía disparó balas de goma y gas pimienta. Además, para dispersar a los manifestantes que atacaron el vallado que estaba en los alrededores del palacio que alberga al Poder Legislativo, utilizó los camiones hidrantes.

La causa

A raíz de lo sucedido mientras se debatía la Ley Bases, los 33 detenidos quedaron a disposición de la jueza federal María Servini, quien será la encargada de comenzar con el proceso de las indagatorias en el corto plazo. A su vez, el fiscal Carlos Stornelli los acusó por delitos contra el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas. También pidió sus prisiones preventivas.

Por su lado, desde el Ministerio de Seguridad se había anunciado que iban a presentarse como querellantes en el expediente. Luego, decidieron dar marcha atrás con la decisión: “Dado el requerimiento de Stornelli, no hace falta convertirnos en querellante”, señalaron las fuentes consultadas a este medio.

“Esta es la respuesta más razonable tanto desde la perspectiva de la correcta administración de justicia, como de la preservación de los derechos y garantías de las personas que podrían resultar acusadas, ya que proceder de forma contraria, implicaría duplicar los procesos, y posibilitar el dictado de pronunciamientos contradictorios respecto de un mismo contexto fáctico, además de poder dilatar cuestiones que resultan de urgente tratamiento y resolución”, argumentaron desde la justicia porteña.

Los daños

Este jueves seguían con el operativo de limpieza en las calles donde ocurrieron los enfrentamientos fuera del Congreso. Al respecto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que el costo que tendrán las reparaciones es de 278 millones de pesos.

Además, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires manifestaron que hay daños de los canteros ornamentales, la quema del césped, el incendio de cestos fijos y los grafitis en basamento de mástil, odeones, copones y bancos.

A su vez, realizaron recorridos en la zona afectada, donde su pudo comprobar la rotura de solado de baldosas, el piso de goma en patio de juegos, bancos de hormigón y la reja e ingreso al interior del Monumento a los dos Congresos.