Jennifer M., de 33 años, cartonera según ella misma, fue condenada a ocho años de prisión el lunes 3 de este mes por un delito particularmente perverso: prostituir en su casa en la zona de Altos de San Lorenzo en La Plata a una joven de 27 años que se encontraba en situación de calle, diagnosticada con un retraso madurativo severo.
No solo la prostituyó: también le robó la pensión que recibía, así como su plan social para acceder a una garrafa. Luego, la forzó a tomar un préstamo de 64 mil pesos en el ANSES para quedarse con la plata.
El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por la jueza Karina Yabor, que dictó la condena, también sentenció a dos cómplices de Jennifer Belén.: Miguel R., alias “Lito”, pareja de la cartonera y su hermano José Francisco, alias “Lada”, ambos mecánicos.
Peor aún: José Francisco, que se encargaba de vigilar a la víctima, la violaba en ocasiones. En su cautiverio, la víctima, identificada como M., quedó embarazada de un varón. Marcó a “El Lada” como el posible padre. “Fue el único con el que no me cuidé”, expresó.
Así, se formó la calificación en contra de la cartonera y los mecánicos. El delito por el cual los condenaron fue el de trata de personas cometida mediando engaño, violencia y aprovechándose de una situación de vulnerabilidad contra dos personas con discapacidad; en concurso ideal con el delito de facilitación y promoción a la prostitución. José Francisco, por su pase, fue condenado también por los abusos además de su rol en la trata, a siete años de prisión.
“Lito”, por su parte, recibió ocho años como su pareja. Actuó como socio en el complot cafisho. “Conseguía a los clientes prostituyentes, siendo que muchos de éstos eran conocidos de la pareja, como, por ejemplo, “‘El Tuerto’”, asegura la condena.
La joven discapacitada no fue la única víctima de la banda. Tiempo después, también esclavizaron a otro discapacitado, un hombre de 75 años declarado insano, para quedarse con su pensión, siete mil pesos de aquel entonces que usaba para comer y cargar la SUBE. Tras robarle lo que cobraba, lo forzaron a mendigar en la calle y en comercios. También, a limpiar en una panadería.
Los hechos, según la condena a la que accedió Infobae, ocurrieron entre enero y septiembre de 2019, con varias contramarchas, como una anulación de la elevación a juicio original del caso. Según la causa, la víctima conoció a Jennifer en un refugio para personas en situación de calle en La Plata, al que había ido tras quedarse sin hogar luego de una pelea con su hermana, con la que convivía en Quilmes. Allí, Jennifer le propuso que se fuera a vivir con ella, a la casa que compartía con el mecánico Rodríguez. “Vamos a una casa que conozco, que vamos a estar bien allá”, le dijo a su víctima. “No te acerques a Belén
La cartonera y el mecánico comenzaron a prostituirla poco después.
José, “El Lada”, actuaba como celador, evitando que la víctima escapara. La joven prostituida y el hombre explotado en la panadería fueron explotados al mismo tiempo en la casa de Ezpeleta.
Finalmente, la joven prostituida logró escapar de vuelta a la casa de su hermana junto su compañero de cautiverio. Declaró en cámara Gesell a fines de noviembre de 2023, una de las pruebas clave en el expediente. Según su relato, la cartonera “la envolvió”. Quitarle la tarjeta SUBE fue su primer movimiento. Ya en la casa de Ezpeleta, M. llamó a su hermana para volver a su casa en Quilmes. La hermana se negó. Luego, Jennifer Belén le quitó el celular.
Tiempo después, la cartonera llevó a su víctima a la casa de su hermana. Según declaró la propia hermana, M. aseguró que “estaba todo bien” y que “no necesitaba nada”. Allí, se negó a volver.
El aprovechamiento de la cartonera de la condición de M. fue marcado por la jueza Yabor, con un informe psicológico hecho por peritos oficiales que marcó que la joven sufre “serias limitaciones para poder comprender y valorar de un modo acabado distintas situaciones y así anticipar conductas de los otros que puedan perjudicarla, especialmente, si éstos son figuras significativas, de autoridad o si se encuentra en un estado de necesidad” con “recursos psíquicos insuficientes para oponerse y dudar”.
La principal acusada negó los hechos en su declaración indagatoria. Con respecto a las pensiones, dijo que, simplemente, acompañaba a sus víctimas al banco a cobrar.
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