Pablo Ezequiel Acotto (35) y Sara Belén Gutiérrez (23), dos presuntos integrantes de una banda narco que opera en la periferia de Rosario, fueron imputados este miércoles por haber participado en la intimidación a la familia de Ángel Di María, ocurrida el 25 de marzo pasado en el country Funes Hills Miraflores.
Según la acusación llevada adelante por el fiscal Pablo Socca, de la unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación, cobraron cuatro millones de pesos para realizar la amenaza, que incluyó varios disparos de arma de fuego y la nota escrita arrojada en inmediaciones al predio.
De acuerdo a la explicación que brindó el fiscal ante el juez Pablo Pinto, en la audiencia que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal, ambos estaban dentro del Renault Megane gris que frenó en Fuerza Aérea al 4200, frente al barrio cerrado. Desde ese vehículo se efectuaron tiros al aire y dejaron el cartel –que estaba envuelto en una bolsa de nailon– y que decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más. Porque si no le matamos cagando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos tiramos”.
Para el investigador judicial no hay dudas de la participación de ambos. Las cámaras de monitoreo municipal de Funes los tomó en el Reault Megane, cuya patente quedó grabada en alta calidad. Y, media hora antes del hecho, quedaron filmados en las cámaras de videovigilancia de una estación de servicio Puma a la que ingresaron con el auto, ubicada en Ruta 9 y Angelome.
Allí, cuando bajó Gutiérrez para ir al baño, se le cayó una bala calibre 9 milímetros que fue encontrada por un empleado del lugar y, posteriormente, fue secuestrada por la Policía de Investigaciones.
Según Socca, el objetivo de la amenaza fue “infundir temor y generar conmoción en la población”, ya que consideró que al mencionar el nombre de la víctima y el del gobernador iban a garantizar “una enorme repercusión”.
La nota llegó después de una seguidilla de atentados y cuatro crímenes que buscaron dejarle mensajes al gobierno provincial por parte de reclusos alojados en penales tanto santafesinos como federales, que pretendían mejores condiciones de detención.
Por el momento, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación no sugirió quién pagó los cuatro millones de pesos para cometer la intimidación. Sin embargo, dejó entrever que los imputados forman parte de una estructura bajo investigación en la Justicia federal por venta de droga al menudeo en las localidades de Álvarez, Piñero y Pérez, situadas a la periferia de Rosario. En ese sentido, destacó que será clave el peritaje de los teléfonos de Acotto y Gutiérrez.
La conjetura es que los acusados son presuntos dealers, una hipótesis que está basada en escuchas telefónicas de una causa federal que tramita la Fiscalía Federal 1, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo.
Acotto y Gutiérrez fueron arrestados el miércoles de la semana pasada en Moreno, entre Rioja y San Luis, en el centro de Rosario, cuando estaban por fugarse. En un operativo conjunto entre agentes de la División Unidad Operativa Rosario de la Policía Federal y de la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), los sospechosos fueron interceptados cuando salieron de un edificio –donde habían alquilado un departamento de forma temporaria– para subirse a una camioneta que los había pasado a buscar.
En el inmueble en el que estaban escondidos, los policías incautaron una pistola Bersa calibre .22 y la ropa que había usado Gutiérrez para cometer la intimidación: su vestimenta había quedado filmada en la estación de servicio Puma.
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