Era funcionaria judicial y vendía drogas en Quilmes: un jurado popular la declaró culpable

Un jurado popular declaró culpable a una funcionaria judicial de Quilmes por vender drogas desde su casa en el barrio de El Dorado. La mujer intentó responsabilizar a su pareja, quien ya fue condenado tras un juicio abreviado. Ahora, la acusada espera conocer su pena.

Se trata de la auxiliar letrada de la Fiscalía de Instrucción y Juicio N°7 de Florencio Varela, Luciana Gisela D’Angelo, quien llegó a esta instancia en libertad tras haber sido acusada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por su calidad de funcionaria pública. El punto de venta era la vivienda que compartía con su concubino, Matías Furingo.

Los hechos que se les imputaron a ambos fueron cometidos en 2019. Todo salió a la luz tras una denuncia que señalaba a la vivienda que compartían en la calle Juan V. González como un lugar de venta y dosificación de estupefacientes.

Por esto mismo, la Policía realizó un allanamiento el 12 de septiembre de ese año, en el que secuestraron marihuana, cocaína, morfina, codeína, opio y heroína, drogas que estaban listas para ser comercializadas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Conurbano. Sin embargo, el juicio comenzó el pasado 25 de marzo luego de la selección de los doce vecinos que integraron el jurado popular.

Los elementos secuestrados fueron expuestos como material probatorio durante el proceso a pedido de la fiscal que llevó adelante la acusación, María de los Ángeles Attarian Mena. Además, Attarian Mena precisó que los frascos con estupefacientes estaban escondidos en un mueble, una lámpara, el extractor de la cocina, el lavarropas y hasta el cambiador de un bebé.

En ese sentido, mencionó que también en el lugar se encontraron balanzas y “muchas drogas que no eran para el consumo, eran para vender”, según el medio zonal Diario 5 Días. “Ella no puede desconocer todo esto”, aseguró la fiscal durante su alegato. Por esto mismo, pidió al jurado que la declare culpable.

Por su parte, el defensor oficial de D’Angelo, Roberto Rosales, consideró que “el conocimiento no es participación”, por lo que planteó: “No es autora. No es partícipe”. De esta manera, solicitó la absolución de la funcionaria judicial al alegar que “tiene tres hijos y tiene que seguir trabajando”. A lo largo del juicio que duró apenas tres días, la estrategia de la defensa fue responsabilizar a Furingo al alegar que la mujer era ajena a la actividad que su concubino realizaba.

De hecho, antes de que el jurado se reúna para decidir su veredicto, la mujer expresó: “Soy inocente. Nunca estuve en posesión de ningún tipo de drogas. A mí me la estaban ocultando. No soy una criminal”. Furingo ya fue condenado a través de un juicio abreviado, en el que aceptó los cargos que recaían en su contra y acordó una condena por esos delitos.

Durante el proceso judicial, declararon tres personajes en carácter de testigos. El primero fue un policía del grupo operativo que participó del allanamiento, quien brindó precisiones sobre el procedimiento realizado.

Los otros dos fueron presentados por la defensa. Se trata de un allegado de la familia y una empleada doméstica que trabajaba en el domicilio. Ambos aseguraron que nunca habían percibido en el lugar acciones que puedan llegar a vincularse con el narcomenudeo.

Los miembros del jurado se retiraron a deliberar y llegaron a la conclusión de que la mujer es culpable por la tenencia y comercialización de los estupefacientes. Pese a que necesitaban que al menos 10 la encuentren responsable de los hechos, la decisión fue por unanimidad. La semana próxima D’Angelo conocerá cuál será la condena que deberá cumplir mediante una audiencia “de cesura”.