El pasado 14 de noviembre transcurría una jornada laboral habitual para una guardavidas que se desempeña en uno de los 13 balnearios que hay en la Ribera de Quilmes, en el partido homónimo de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cuando necesitó ir al baño químico ubicado en una garita policial cercana -debido a que en la zona no hay uno privado o municipal a disposición- se percató de una actitud extraña de un policía y decidió inspeccionar el interior del habitáculo.
Allí, finalmente, descubrió algo impensado: una cámara oculta instalada en el inodoro, mediante la cual el agente, según la acusación en su contra, espiaba a las mujeres que lo utilizaban a diario.
Fuentes de la Municipalidad de Quilmes consultadas por Infobae confirmaron el relato y precisaron que la cámara se encontró en el módulo policial ubicado a la altura de la calle Cervantes, entre 23 bis y 24, donde el agente,. que en ese entonces pertenecía a la Policía Local de Quilmes prestaba funciones.
La madre de la guardavidas expuso la historia en un posteo de Facebook. Ese día, según su relato, su hija decidió ir al baño cerca de su horario de retiro. Tal como había ocurrido en anteriores oportunidades, la mujer detectó que al acercarse al mismo, el policía denunciado la vio antes de su arribo e ingresó primero.

“Al verlo salir (al policía), fue nuevamente para poder ingresar al baño y al bajar la tapa (del inodoro) se encontró con una bolsa negra de la que salía una luz. Al revisar se encontró con un artefacto que parecía una llave de auto Citröen, que estaba envuelta con cinta. Sin saber que era la agarró, salió de allí y se la pasó a su compañero del puesto de al lado. Él mismo la guardó para no dejar sospechas ya que se encontraba sola y tenía miedo de que el oficial se acerque a ella”, explicó la mamá de la denunciante.
Finalizada su jornada laboral, la mujer que encontró la cámara oculta se dirigió a la base de guardavidas de la Ribera de Quilmes y denunció el hallazgo. No obstante, la madre reveló que allí le aconsejaron a su hija que no presentara ninguna denuncia al respecto “para no tener futuros problemas” con el agente, ya que anteriormente “un compañero hizo una denuncia a un oficial y atentaron contra su persona”.
A pesar del miedo, la guardavidas realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Quilmes.
Siempre de acuerdo a la versión compartida por la madre de la víctima, en en esa comisaría inspeccionaron el dispositivo y constataron la existencia de videos que no solo eran de ella, sino que además había filmaciones de otras mujeres que no se pudieron identificar porque la cámara apuntaba desde la cintura y hasta las rodillas de las víctimas.

Un video difundido por la madre de la guardavidas dejó en evidencia al sargento denunciado, quien en la filmación aparece en pleno procedimiento de instalación de la cámara oculta dentro de una bolsa, en un intento para que su repudiable accionar no saliera a la luz.
Por este caso, funcionarios de la Municipalidad de Quilmes recibieron a la víctima, la madre y la delegada del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA) en el Centro de Emergencias local, donde se les informó que el funcionario policial fue apartado de su lugar de trabajo.
“Hoy ya no presta servicios en el municipio”, aseguraron fuentes oficiales consultadas por este medio. A pesar de que desde la administración de la intendenta Mayra Mendoza solicitaron a la Jefatura de la Policía Bonaerense que el efectivo denunciado no trabaje más en el municipio, “ellos resolvieron mandarlo a otro lado hasta que se expida Asuntos Internos”, precisaron.

“La que define su situación, precisamente, es Asuntos Internos”, concluyeron.
En un principio, según adelantó Clarín, el caso quedó en manos de la UFI N° 8 Descentralizada de Berazategui -correspondiente al Departamento Judicial de Quilmes-, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, quien dispuso una orden de restricción perimetral para la denunciante. No obstante, la investigación luego pasó a la Fiscalía de Género local “porque no había víctimas menores, sólo mayores”, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
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