Ayer miércoles, un joven acusado de haber prendido fuego a su pareja, quien quedó internada en grave estado, en el departamento mendocino de San Rafael, quedó imputado por la tentativa de femicidio.
Según informaron fuentes judiciales, se trata de Javier Correa de 27 años de edad, quien se había entregado el lunes último a las autoridades tras las sospechas que apuntaron a su autoría y fue imputado “por homicidio agravado por relación de pareja y violencia de género, en grado de tentativa”.
El sospechoso, asistido por su defensora, declaró ante la fiscalía y brindó su versión de los hechos.
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes cuando la mujer, de 37 años, ingresó al hospital local tras ser trasladada en ambulancia con quemaduras en gran parte de su cuerpo y en grave estado.
Y luego, y debido a la complejidad del cuadro, fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, en la ciudad de Mendoza, donde ayer por la noche continuaba internada y con pronóstico reservado.
Momentos antes, la víctima se encontraba en su vivienda ubicada en el distrito de Las Paredes, del mencionando departamento, al sur provincial, junto a su pareja y sus hijas.
Allí, según el relato de las menores, su madre las envió a dormir y posteriormente se despertaron por los gritos de pedido de auxilio de la mujer, quien se hallaba envuelta en llamas.
Según informó Télam, las niñas solicitaron ayuda al número de emergencias 911, mientras que el joven abandonó el lugar, dijeron las fuentes policiales, en base al relato de las hijas de la víctima.
Más tarde en el hospital, una de las hijas de la mujer amplió lo aportado y manifestó que su madre había estado con su pareja y tuvieron una violenta discusión.
En la vivienda trabajaron personal de Policía Científica y Bomberos para las pericias correspondientes, en la causa que instruye el fiscal Iván Ábalos.
Horas después el imputado se presentó en una sede judicial y quedó aprehendido a disposición de la Justicia.

Cabe recordar que el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre el 1ero de enero y el 30 de junio de 2023 se produjeron en Argentina 151 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 2 trans/travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En paralelo, 188 hijos e hijas quedaron sin mamá, de los cuales el 56% son menores de edad. El 57 % de los agresores eran parejas o exparejas.
Por otra parte, los datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registran que entre 2010 y 2022 al menos 55 mujeres fueron asesinadas por efectivos policiales por motivos de género solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el “estado policial”, pone en riesgo a las mujeres que conviven con agentes entrenados por el Estado. En los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar.
“El Estado tiene la obligación especial de controlar el uso del armamento que provee a sus funcionarios públicos, así como de investigar cabalmente los hechos lesivos o letales que se cometen con esas armas y de prevenir que vuelvan a ocurrir casos similares en el futuro”, planteó tiempo atrás Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS.
A su vez, Juliana Miranda del CELCS consideró que es necesario modificar aspectos vinculados a la formación de las fuerzas de seguridad. De hecho, planteó la necesidad de “intervenciones en sus carreras de estudio, en la cultura institucional y capacitación continua para transformar patrones de conducta, de actuación, que calan súper hondo en las fuerzas. Reformas profundas y transversales”.
Con información de Télam
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