La Justicia de la provincia de San Juan condenó a un joven de 23 años por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Mario Leandro Pérez González recibió 3 años de ejecución condicional luego de que su abogado defensor llegara a un acuerdo con la fiscalía. La sentencia fue dictada el jueves pasado por el juez de Garantías Alberto Caballero.
Este proceso, que se resolvió con un juicio abreviado, había comenzado a partir de la denuncia de un grupo de 15 mujeres contra Pérez González. Varias de ellas son sus compañeras en la Universidad de San Juan y lo acusaron de tomar fotos suyas de las redes sociales sin su consentimiento y editarlas a través de inteligencia artificial (IA) para que aparentaran estar desnudas. Las imágenes se exhibían en un sitio web para adultos, en un perfil que ofrecía este tipo de edición para aquellos interesados.
María, una de las denunciantes, contó que conoció a Pérez González al cursar Diseño Gráfico en el cuarto año de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Diseño. Ella y otras seis jóvenes del curso se presentaron ante la Justicia el 15 de julio último para acusar al estudiante: según sus relatos, la maniobra consistía en descargar fotos reales de las redes, para luego armar montajes con IA en los que se veían los rostros de las jóvenes y cuerpos desnudos.
Las imágenes falsas se divulgaban luego en una página de contenido pornográfico. “Publicaba ambas fotos, como un antes y después: la que sacaba de nuestras redes y la editada, haciendo una descripción bastante morbosa”, aseguró María en diálogo con TN. Eso no era todo, ya que la joven señaló que el acusado también ofrecía a sus seguidores la posibilidad de “desnudar” mujeres mediante esta tecnología, presuntamente a cambio de dinero.
Cuando las estudiantes se enteraron, hicieron capturas del perfil donde se compartían las fotos, llamado “MarioMJohn68″, el cual luego fue eliminado. En esas capturas, difundidas por el Diario de Cuyo, se observaba que el usuario hacía una oferta a sus 134 seguidores: “Desnudá cualquier chica con este bot de Telegram”. Aunque pareciera evidente, no se especifica si cobraba o no por ese servicio.
“Ni bien nos enteramos atinamos a denunciarlo. No sabemos a cuántas personas ha llegado esta página, cuánta gente pagó o no, y si se lo hizo a más chicas. Somos 15 las damnificadas, pero podrían ser más. Todas teníamos un vínculo cercano a él y no solo en el ámbito universitario: también hay ex compañeras del secundario, familiares...”, reveló la estudiante.
Y admitió: “Esto nos tomó muy de sorpresa porque él no demostraba tener ese perfil. Siempre se mostró amable, buen compañero. Le iba bien en la facultad. Hemos tenido diálogo, no más allá de compañerismo, pero nunca nos dio indicios o nos comentó algo que nos hiciera sospechar”.
El caso recayó en la UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género), que en primer lugar ordenó una restricción perimetral. Pérez González se defendió: aseguró que había sido víctima de un hackeo a su correo electrónico. Al haber un vacío legal en el marco penal para este tipo de acciones, la causa fue derivada al Juzgado de Faltas y se orientaba hacia una contravención.
Sin embargo, la investigación viró a principios de este mes cuando en los dispositivos del sospechoso se detectaron archivos con contenido de abuso sexual infantil. Pérez González entonces fue detenido y la Justicia le dictó un año de prisión preventiva. Pero a las dos semanas se declaró culpable y lo condenaron. Ahora cumple la condena en libertad, debiendo cumplir una serie de requisitos que le impuso el juez.
“No está viniendo a la facultad, o por lo menos no lo hemos cruzado -contó María-. Entendemos que a partir de la pena que se ha dado podría venir tranquilamente. Con las chicas pedimos una perimetral en su momento cuando denunciamos. Pero es una medida provisoria, de acá a unos días se vence y vamos a quedar totalmente expuestas. Hay un vacío legal terrible y entendemos que, como el de nosotras, hay mil casos más”.
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