Procesaron a un falso pastor por liderar una red de trata de personas en Córdoba

El juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, procesó a un falso pastor y a otros cuatro imputados por haber sido señalados como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores y víctimas que fue cometido en varias localidades de Córdoba.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el religioso estaba a cargo de la organización de una secta llamada “Dimensión Cielo”, la cual habría utilizado para captar a los damnificados a través de las redes sociales. Por medio de los mismos canales virtuales, este se habría encargado de organizar el traslado y la acogida de unas siete personas aproximadamente en tres domicilios diferentes ubicados en la provincia.

Aparentemente, los locales en los que las víctimas eran explotadas eran un comercio que elaboraba productos alimenticios de panificación y viandas light llamado “Barritas y más”; una inmobiliaria, y la tercera correspondía a un supuesto centro religioso denominado “Casa de Oración”.

De esta manera, el falso pastor y tres de los imputados fueron embargados por la suma económica de diez millones de pesos, mientras que el quinto acusado deberá abonar una multa de cinco millones, debido a que habría cometido el delito en calidad de partícipe necesario.

Según la información publicada por Télam, los representantes del MPF determinaron que las personas afectadas “habrían sido reducidas a la servidumbre por parte de los imputados”, por lo menos desde el 2017. Asimismo, indicaron que estas “debían prestar servicios de elaboración de panadería y/o venta en la vía pública o en el transporte público de los productos que fabricaban, atender en la inmobiliaria que los imputados manejaban, así como trabajar como servicio doméstico en la propia casa particular del falso pastor, cocinándole y atendiendo a sus hijos”.

En cuanto a la duración de los trabajos que tenían que cumplir, las autoridades evaluaron que las jornadas duraban unas catorce horas y que no tenían días de descanso, al igual que el salario que cobraban era irrisorio, si es que percibían algún tipo de pago monetario. Además, manifestaron que vivían en “condiciones de hacinamiento, con una alimentación deficiente, humillaciones y maltratos psicológicos, control de salidas y comunicaciones, y control de la sexualidad y de su vida privada en general”.

El método que el falso pastor utilizaba para reducir a las víctimas a la servidumbre consistía en las promesas de salvación eterna basadas en las creencias religiosas profesadas por él. En medio de este discurso que había fomentado, este les hacía creer que él, su esposa y su hija menor de edad contaban con una capacidad sobrenatural para comunicarse con Dios, debido a que eran “los elegidos”.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal remarcó que el engaño del líder religioso habría tenido un mayor impacto al haberse aprovechado de “la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas”, y agregaron que el hecho de que los obligara a usar un nuevo nombre agravaba el proceso de despersonalización que sufrieron mientras eran explotados.

La causa comenzó a ser investigada en septiembre de 2020 luego de que la hermana de una de las víctimas denunciara ante la Fiscalía Federal de San Francisco que “su hermana había ingresado a una comunidad de fachada religiosa ubicada en una casa del Country ‘Ayres del Golf’ de San Francisco, donde los miembros serían explotados laboralmente”. Además, la denunciante contó con el respaldo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mangano y Marcelo Colombo.

A pesar de que el 14 de mayo de 2021, el Juzgado Federal, que se encontraba bajo la tutela del juez Roque Rebak, había dictado la falta de mérito contra los imputados, la apelación presentada por la fiscal federal María Schianni logró que la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenara la realización de una investigación en profundidad.