El fiscal Marcelo Domínguez, que investiga el homicidio de Fernando Pérez Algaba, descuartizado y arrojado dentro de una valija en un arroyo de Ingeniero Budge, pidió informes a la Unidad de Información Financiera sobre la actividad del comerciante, indicaron fuentes del caso a Infobae.
El titular de la UFI N°5 quiere conocer si existen maniobras sospechosas de lavados de activos alrededor de Pérez Algaba, también conocido como “Lechuga”, que había sido catalogado como “irrecuperable” por el sistema financiero argentino por deudas menores con un banco y una empresa de microcréditos y además acumulaba cheques sin fondo y demandas por cobro ejecutivo, pero viajaba de forma constante a Estados Unidos y España.
También se enviaron oficios al Banco Central, a la AFIP, Registro Automotor, ANMAC y Binance Argentina, por sus vínculos con el negocio de las criptomonedas. Las fuentes indicaron que los vehículos de alta gama que comercializaba y usaba “nunca estaban a nombre de él”.
La víctima, por otra parte, le reclamaba una deuda de 150 mil dólares a Maximiliano Pilepich y a Nahuel Vargas, al momento de ser asesinado. Al mismo tiempo, el supuesto barra de Boca, Gustavo Iglesias, lo amenazaba por otra suma millonaria.
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Fernando Pérez Algaba aparece mencionado en una causa del Juzgado Federal 2 de Morón, contra el procesado por narco Esteban Tulli. El trader había montado junto a Julio Michel Katzman, socio de Tulli, una agencia de autos en Ramos Mejía.
De acuerdo al sistema financiero, Lechuga había registrado varias sociedades, una, por ejemplo, dedicada al rubro de peluquería, que no tenía ni siquiera un número de CUIT. En 2018, registró Motors Lettuce SRL, la traducción en inglés de su apodo, dedicada al negocio automotor, fundada junto a un hombre de su familia. En 2019, se convirtió en director suplente de Cegepa SA.
En el último tiempo, había montado una oficina denominada “Bunker”, fuertemente custodiada para continuar su actividad con criptomonedas.
En tanto, peritos de la Policía de la Ciudad comenzarán este miércoles a peritar la computadora y un iPad de la víctima con el fin de obtener información sobre sus últimos movimientos y comunicaciones.
Fuentes judiciales confirmaron a Télam que la apertura de los dispositivos electrónicos estará a cargo de esa fuerza de seguridad, luego de que la pericia no lograra realizarse en la Policía Federal Argentina (PFA) por cuestiones técnicas.
La computadora Mac Book pro y el iPad, ambos de la empresa Apple, propiedad del empresario que se dedicaba a la compra venta de vehículos de alta gama y que tras la pandemia se había volcado al negocio de las criptomonedas, fueron secuestrados del departamento que alquiló de manera temporaria en Castelar, cuando llegó desde Barcelona, y dónde se iba a hospedar hasta el 19 de julio, un día después de su desaparición.
Además, los investigadores esperan los resultados de las dos muestras recuperadas de la camioneta Range Rover Evoque blanca en la que se movilizaba Pérez Algaba antes de ser asesinado y una mancha biológica encontrada dentro de un contenedor en el campo de General Rodríguez que fue inspeccionado este lunes.
En ese sitio, Pilepich y Vargas dijeron verlo por última vez, cerca de las 18 del 18 de julio, cuando le pagaron un resto de la deuda que le reclamaba el comerciante.
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Pilepich, el pasado viernes, casi una semana después del hallazgo de los restos de la víctima, entregó la camioneta a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense.
Los abogados de la familia de Pérez Algaba, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, esperan el avance de la investigación tras una batería de medidas pedidas por Domínguez a diferentes fuerzas de seguridad.
La desaparición del empresario fue denunciada por la dueña del departamento que éste le había alquilado en Ituzaingó de manera temporal entre el 12 y 19 de julio últimos, quien al no tener noticias suyas y no recibir respuesta a sus mensajes, decidió acudir a la policía.
Su cuerpo apareció descuartizado entre el domingo 22 y el martes 24 de julio adentro de una valija y una mochila arrojadas en el Arroyo del Rey, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.
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