Tres jóvenes declararon en calidad de testigos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de La Plata durante la segunda audiencia por el caso de la joven que murió ahogada en una fiesta clandestina que se celebró en la madrugada del 1 de enero de 2016. Los testimonios confirmaron que en la zona de la pileta no había guardavidas ni personal médico en caso de emergencias, mientras que el abogado de la familia planteó que “se trató de una trampa”.
El hecho ocurrió en una casaquinta ubicada en la calle 520, entre 159 y 160, perteneciente a la localidad de Melchor Romero, donde la víctima identificada como Emilia Uscamayta Curí perdió la vida luego de que una de las asistentes le realizara una reanimación cardiopulmonar (RCP) y fuera retirada del área. “Nuestra hipótesis es que Emilia ingresó a la pileta y alguno de los presentes se tiró, la golpeó y se ahogó en una pileta con el agua sucia”, indicó el defensor de la familia, Adrián Rodríguez Antinao, en referencia a la palabra de los testigos que manifestaron que el agua estaba mezclada con barro producto de las lluvias ocurridas la noche anterior a la muerte de la estudiante de periodismo de 26 años.
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“Se trató de una trampa de personas que viven en la ilegalidad constante”, remarcó el letrado y aseguró que “si le hacían bien el RCP no hubiera pasado esta tragedia”. “Fueron causantes de la muerte de Emilia”, insistió al apuntar contra los organizadores de la fiesta por no contar con servicio de guardavidas, ambulancia o médicos, según lo que habían prometido en los flyers que circularon en las redes sociales como promoción del evento titulado como “La Frontera, el límite lo pones vos”.
De esta manera, el abogado destacó que “estaba todo estructuralmente montado para obtener ganancia”, apoyándose en los testimonios que mencionaron que, para acceder a la zona de la pileta que era identificada como el espacio VIP, debían abonar un monto extra. “Quienes declararon dijeron haber visto a Emilia sentada en un puff y luego apareció ahogada en la pileta”, repasó al sostener que la joven podría haber sido empujada por alguno de los jóvenes que “hacían el salto bomba o el salto mortal”.
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De acuerdo con la información a la que pudo acceder Télam, la causa fue caratulada como “homicidio simple con dolo eventual, en concurso real con el delito de desobediencia en dos oportunidades” y los cuatros detenidos por el hecho fueron los empresarios Carlos Bellone, dueño de la propiedad; Raúl “Peque” García, identificado como el proveedor de las bebidas alcohólicas comercializadas en el evento y también acusado en otra causa por un delito sexual; y Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, quienes fueron señalados por la justicia como los organizadores de la fiesta.
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En cuanto a las responsabilidades atribuidas por la querella, Rodríguez Antinao señaló que “fue otra estafa del Peque García al cobrar por un servicio que se vende a medias”, luego de que consiguiera demostrar que anteriormente se realizó una celebración en el mismo predio, en donde se había prometido la presencia de un grupo musical pero que, en su lugar, apareció otro desconocido. Acto seguido, apuntó contra Piedrabuena, puesto que lo señaló como la persona que impidió que la testigo continuara con el RCP al decirle que “no se preocupe que había una ambulancia en la puerta”.
Por otro lado, el abogado resaltó que las autoridades municipales habían enviado un acta al dueño de la casa quinta para impedir la realización de la fiesta, debido a que no contaba con los permisos correspondientes que solicita el municipio. No obstante, la desobediencia se volvió a repetir a la una de la madrugada, cuando personal policial acudió al lugar para clausurarlo.
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Recién a las cuatro el evento se desbarató luego de que se constatara el fallecimiento de la joven. Incluso, el juez César Melazo denunció que la fiesta continuaba en desarrollo en sus redes sociales al agregar: “Esta muerte de esta joven debe provocar el escarmiento a los coimeros imbéciles que nada hicieron”.
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