
En los últimos años, las pornoextorsiones cometidas por presos se convirtieron en una industria del hampa y uno de los principales motivos de allanamientos en penales. La mecánica es simple: los detenidos engañan a incautos a través de perfiles falsos en redes sociales. Comienza un intercambio sexy con fotos apócrifas, entradas en confianza. Luego, un falso policía aparece en escena, con la amenaza de comenzar una causa en contra del desprevenido. Así, este uniformado de mentira pide una coima. La víctima accede. Hay otra variante: si el incauto envía fotos íntimas, podrán amenazarlo con difundirlas.
En todo caso, la víctima paga, luego paga otra vez, hasta que se harta y denuncia.
Este guión fue repetido a lo largo de la Argentina desde comienzos de la pandemia. Es por lo menos lucrativo. El delito de estafa, por otra parte, conlleva una pena mucho menor que la de robo a mano armada, un delito sin sangre pero con sufrimiento. El guión también tiene otra variante: la prostitución. El jueves pasado, la DDI de San Isidro bajo órdenes de la UFI Especializada en Investigación de Ciberdelitos de Zona Norte a cargo del fiscal Alejandro Musso irrumpió en varias cárceles como la Unidad N°39 de Ituzaingó y arrestó a 34 personas, tres de ellas en libertad, 31 de ellas en prisión. La historia es, básicamente, la misma de siempre, pero con un giro. Tres hombres denunciaron haber entrado a perfiles de sitios web como Skokka y Simplescorts.com en busca de ofertas de sexo pago.
Dos de ellos no pagaron. Uno, en cambio, sí: entregó a sus estafadores casi 3,7 millones de pesos.
El hombre aseguró que a fines de febrero ingresó a Simplescort.com -que divide su oferta por zonas, uno puede encontrar trabajadoras o trabajadores sexuales disponibles en zonas como Adrogué o Loma Hermosa, de acuerdo a su índice- y pactó un encuentro por 8 mil pesos, los que pagó por adelantado. El hombre no concurrió a la cita, dijo, porque se arrepintió. Luego, lo extorsionó un falso policía. Así, comenzaron las transferencias. A otro, lo extorsionaron en marzo un grupo de falsos fiscales.
El miedo entre los denunciantes, aseguran investigadores del caso, era obvio. Varios comenzaron su relato con la historia usual, “me pasó a un amigo”, que resultaban ser ellos. Otro de los denunciantes fue echado de su casa.
Tres detenidos allanados y arrestados son considerados los principales en la lista. Marcos Quevedo Márquez estaba preso en la Unidad N°39 desde julio de 2022, con una causa en su contra por tentativa de robo a mano armada, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N°1 de San Isidro. Brian Carabajal Gaitán fue encontrado en la Unidad N°43 de La Matanza, condenado a tres años y medio de cárcel por robo simple y portación ilegal de arma de guerra, enjaulado desde febrero de 2020. Su condena vence en menos de un mes, el 1° de junio. Santiago Eduardo del Bueno, otro imputado, fue allanado en el penal de Olmos, acusado de violaciones a la ley de drogas, robo y tentativa de homicidio. Ya había estado un año preso en 2018 en la Unidad N°42 de Florencio Varela por robar a punta de pistola en La Matanza.
El problema no es nuevo para Skokka, con sitios web subsidiarios en países de Europa y Oceanía. “En Skokka hemos detectado una serie de fraudes y amenazas que están llegando a usuarios y anunciantes de nuestro portal a través de anuncios falsos. Queremos, a través de este comunicado, transmitir que Skokka es consciente de ello y trabajamos para evitarlo. Es por eso que, además de las advertencias en todas nuestras redes sociales que hemos lanzado de alerta sobre estas amenazas, queremos dar consejos para que la seguridad de cada uno de nuestros usuarios no se vea afectada”, aseguraron en un comunicado en su sitio web.
De vuelta a los arrestos de la semana pasada, la UFEIC realizó las detenciones 15 días después de recibir las denuncias. Se secuestraron más de treinta teléfonos, que podrán ser peritados para revelar una historia mucho mayor.
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