Autoridades salvadoreñas han recuperado 10 mil viviendas usurpadas por estructuras criminales

La recuperación de 10 mil viviendas que permanecían bajo control de estructuras criminales ha marcado un avance en la política habitacional salvadoreña en el marco del impulso a la seguridad pública. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, precisó que estos inmuebles, una vez liberados, se integran progresivamente a proyectos de vivienda formal, permitiendo a familias salvadoreñas acceder a créditos y escrituras en condiciones de legalidad.

La funcionaria explicó que este proceso de recuperación y regularización ha implicado la escrituración de más de 9 mil viviendas de las recuperadas. De ese total, alrededor de 900 permanecen a la espera de que sean adquiridas o que se completen obras de mitigación, dado que muchas se ubican en zonas de alto riesgo mientras que la funcionaria recalcó que otras se encontraban “desmanteladas”. Según las cifras presentadas por Sol en la Entrevista AM, las viviendas recuperadas suman un aproximado de $130 millones en créditos para adquisición y remodelación, permitiendo que estos inmuebles, antes destruidos por el uso criminal, se conviertan en hogares dignos cuyos propietarios cumplen puntualmente con sus cuotas mensuales.

El fenómeno de la usurpación inmobiliaria por estructuras delincuenciales había promovido que estos espacios fueran alquilados de manera informal, con precios que podían oscilar entre $100 y 300 mensuales y cuyos ingresos nutrían directamente a dichas organizaciones. Sol advirtió que ese flujo económico tenía consecuencias directas en la vida de las familias, limitando su acceso a espacios seguros y generando hacinamiento, especialmente en los años previos al robustecimiento de la política de seguridad.

Caso Argoz y la liberación de más de 77,500 lotes a familias afectadas

En el contexto de la legalización y recuperación inmobiliaria, la ministra de Vivienda expuso el alcance del caso Argoz, considerado uno de los mayores fraudes inmobiliarios del país. Este proceso ha derivado en la liberación de 77,524 lotes que habían sido utilizados por la empresa como garantía crediticia mientras eran comercializados por medio de mecanismos fraudulentos.

Sol detalló que la recuperación de estos lotes ha permitido que familias afectadas accedan a sus escrituras, tras cancelar los trámites correspondientes. El proceso ha sido complejo por la cantidad de irregularidades legales cometidas durante años. Por este motivo, las autoridades buscan una nueva reforma en conjunto con la Fiscalía General de la República para resolver los casos pendientes y garantizar la entrega final del patrimonio a quienes han cumplido con sus obligaciones de pago.

Programas de reasentamiento y proyectos habitacionales impulsados por el gobierno

El Ministerio de Vivienda desarrolla paralelamente programas de reasentamiento orientados a familias desplazadas por desastres naturales o situaciones de vulnerabilidad extrema. La titular del Ministerio de Vivienda señaló el avance de proyectos como el reasentamiento de 180 familias de Río Mar y Chilama afectadas por repetidas inundaciones en Surf City, quienes accederán a apartamentos valorados en $53,000 construidos en colaboración con el Ministerio de Turismo.

Otro ejemplo es el proyecto habitacional Diez de Mayo en Ahuachapán, destinado a 84 familias en situación de vulnerabilidad. Las viviendas, edificadas en terrenos municipales, incluyen servicios básicos y dos habitaciones, permitiendo reducir costos de construcción gracias a la articulación con gobiernos locales y el apoyo del sector privado.

Sol subrayó que la selección de las comunidades beneficiarias se rige por criterios de alto riesgo y extrema pobreza, prioridad adoptada desde el inicio de la actual gestión. La funcionaria relató que en muchos casos las familias vivían en condiciones precarias, expuestas a desastres y con el temor constante de perder sus hogares ante lluvias intensas.

Otro de los ejes de trabajo es el fortalecimiento de programas crediticios mediante instituciones como FONAVIPO y el Fondo Social para la Vivienda ha facilitado la adquisición de casas, especialmente para mujeres jefas de hogar. Según Sol, más del 50% de los créditos se otorgan a mujeres, y existe una política institucional de promover que las escrituras sean emitidas a nombre de ellas como medida de protección a la familia.

La agilización de permisos de construcción y factibilidad para proyectos de vivienda de interés social ha generado una fluidez sin precedentes en el mercado inmobiliario nacional. Sol afirmó que desde el Ministerio de Vivienda se han liberado permisos por más de $22 millones para obras a nivel nacional, abarcando inversiones públicas y privadas.

Esta dinámica se traduce en oportunidades laborales y crecimiento del sector construcción, que, según datos compartidos por la ministra, representa más del 16% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Cifras divulgadas por Sol indican que, al cierre de este año, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) proyecta inversiones por $3,500 millones, de los cuales el 75% corresponde a vivienda. Además, la escrituración de viviendas usadas ha movido $450 millones en créditos para familias que buscan mejorar su situación habitacional.

Cooperativas habitacionales y asistencia social con fondos internacionales

Las cooperativas de vivienda representan un modelo replicado de experiencias internacionales como Uruguay e Italia y cuentan con financiamiento de cooperación italiana. Recientemente se entregaron unidades a 64 familias organizadas en cooperativas en el centro histórico de San Salvador, un proyecto con una inversión de $3.8 millones, del cual $3.6 millones provienen de fondos italianos y el resto del Gobierno salvadoreño.

Sol enfatizó que este tipo de soluciones integran no solo la vivienda, sino la asistencia técnica, el fortalecimiento económico y servicios comunes como ludotecas, canchas y áreas verdes. Las cuotas varían en función de los ingresos familiares, existiendo subsidios que pueden cubrir hasta un 70% del costo real.