Tras los dos atentados ocurridos este miércoles contra un patrullero y contra un complejo carcelario de Rosario, las fachadas de dos seccionales policiales fueron completamente blindadas ante posibles ataques. La medida fue ordenada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe en la previa al fin de semana largo y en paralelo a que el gobierno provincial anunciara que reforzará el Servicio Penitenciario con 600 agentes que se desempeñarán en las distintas unidades.
Las vallas de la Policía de Santa Fe fueron colocadas en la Comisaría 12ª, ubicada en barrio Ludueña, y en la Subcomisaría 24ª de Empalme Graneros, ambas situadas en la zona Noroeste de la ciudad y con la misma característica: la fachada está completamente vidriada.
También será colocada esa protección en la Comisaría 20ª de Empalme Graneros, ubicada en el mismo territorio que la 12ª y la sub 24ª.
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Según indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad a Infobae, la resolución se tomó teniendo como marco el incendio intencional de una camioneta Amarok de la Policía de Acción Comunitaria frente a la Comisaría 15ª de la zona Sur –donde también se dejó una nota que decía “dejen de agarrar plata de los giles, corruptos”–, y el posterior ataque a tiros contra el predio carcelario conocido como “Order” (que significa Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario) de la zona Oeste.
En la balacera contra el complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7.800 resultó lesionada una abogada que estaba en la zona de oficinas. De acuerdo a su relato, pedazos de vidrios que estallaron por los disparos le provocaron heridas cortantes en una de sus piernas.
Hipótesis
Ninguna de las dos balaceras tienen un móvil claro. En el caso de la molotov arrojada contra un patrullero frente a la seccional 15ª, ubicada en Sarmiento y Ameghino, investigadores policiales tienen dos sospechas. Una de ellas recae en un presunto soldadito que está alojado en ese edificio desde el 27 de marzo pasado y que integraría la banda que lidera Uriel Luciano Cantero, hijo del “Pájaro”, líder de Los Monos y asesinado en mayo de 2013.
No obstante, no se descarta que el atentado provenga de otra banda, ya que recientemente un integrante de la organización narco Los Funes amenazó con atacar a la fuerza de seguridad provincial ni bien lo detuvo la Policía de Acción Táctica.
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En el caso del “Order”, es más confuso, puesto que no se dejó ninguna nota y no había ningún indicio de un posible ataque. Aunque, de todos modos, es un lugar que ya habían baleado en cuatro ocasiones: el 22 de mayo, el 20 de septiembre y el 28 de diciembre de 2022, y el 2 de febrero pasado.
La decisión de la protección a las comisarías se aplica mientras el gobierno provincial en paralelo gestiona ante el municipio la colocación de lomos de burro o la adquisición de obstáculos como las barreras New Jersey para que los vehículos aminoren la velocidad al pasar por el frente de los edificios policiales.
Cabe destacar que los atentados de este miércoles no fueron los primeros contra las fuerzas de seguridad en lo que va del año. El 2 de febrero pasado, la Subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez fue atacada a tiros. Dos días después, la sede de la Agencia de Investigación Criminal. El 7 de febrero, un sicario en bicicleta disparó la Comisaría 32ª, y la semana siguiente, el 13 de febrero, balearon la sede de la Policía Comunitaria.
En todos los hechos se dejaron carteles, ya sea dirigido a agentes como también a bandas narco.
Más penitenciarios
En paralelo, se anunció este jueves el Gobierno de Santa Fe reforzará el Servicio Penitenciario Provincial con 600 agentes. Para ello, se abrió una convocatoria dirigida a jóvenes de entre 18 y 28 años que hayan completado los estudios secundarios, entre otros requisitos.
La inscripción se realizará online entre el 10 de abril y el 10 de mayo, y que las personas seleccionadas ingresarán como personal subalterno en el grado de subayudante. ¿Los requisitos? Los postulantes deben ser argentinos, con domicilio en la provincia y “no tener actuación contraria a los principios de libertad y democracia de acuerdo con el régimen establecido por Ia Constitución Nacional”. También deben acreditar antecedentes y quedan fuera quienes hayan sido exonerados de la administración pública.
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