En Rosario, la jefa de la unidad fiscal de Balaceras, Valeria Haurigot, afirmó que el traslado de los grandes líderes narco a cárceles federales que tuvo lugar en julio de 2021, después de una fuga de internos del penal de Piñero a cargo de un comando de delincuentes que empleó amoladoras y ametralladoras para soltar a ocho detenidos, “empeoró” la seguridad en la ciudad.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicó que a través de teléfonos, que usan en los penales, los jefes de las organizaciones emitieron “una cantidad órdenes nunca vista”. La declaración está en sintonía con la petición hecha este miércoles por el procurador interino Eduardo Casal y fiscales federales de organismos como la PROCUNAR al Gobierno nacional para que tome medidas sobre la utilización de teléfonos desde los complejos penitenciarios a cargo del SPF, intervenido por María Laura Garrigós.
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“Ayer pedí una requisa en la cárcel federal de Ezeiza, porque es una constante. Tenemos la denuncia de que un preso, Alan Funes, hizo amenazas por videollamada. Se tramitó a través de un Juzgado federal de Lomas de Zamora y aún no me reportaron resultados. Es un problema muy serio. El juez me dijo que en Ezeiza los reclusos tienen autorizadas las videollamadas por computadora. Así que vamos a tener que ver con qué dispositivo se comunicó”, dijo la fiscal durante una entrevista en Radio 2.
Haurigot focalizó la problemática a partir de dos ideas conceptuales. Por un lado, reclamó que Santa Fe y Nación realicen un convenio para acelerar los trámites de requisas en cárceles federales, dado que coexisten distintos sistemas de procedimiento en los fueros. Y por el otro, dejó en claro que existe el derecho a la comunicación, pero solicitó revisar el nivel de acceso a dispositivos según la peligrosidad del interno.
“No estoy en condiciones de establecer una política penitenciaria porque no es mi tarea, pero no hay ningún indicio de que las altas líneas de las bandas quieran o tengan voluntad de resocializarse. Sea por comunicación fija, móvil o por visitas, detectamos que no tienen la idea de ser mejores personas, sino de seguir con la espiral de la violencia. Es una constante escuchar o ver la idea que tienen de correr todos los límites. Deberíamos revisar las condiciones de la comunicación”, enfatizó.
Consultada sobre qué modificó el envío de grandes jefes de bandas narco desde cárceles santafesinas a federales, respondió: “El traslado empeoró, es tremendo. La cantidad de órdenes es una cosa nunca vista, y la crueldad que manejan, de la que hay evidencia”.
Sobre las extorsiones, un delito en alza hace años en Rosario, consideró que producen “un descalabro en la seguridad pública” de la ciudad. “En un plazo de diez días, por las denuncias recibidas, llegamos a elevar al Ministerio de Seguridad de Santa Fe 20 sugerencias de patrulleros fijos para custodia de las víctimas, que son comerciantes. Esto también te genera un impacto negativo en la calle, ya que te saca móviles policiales”, concluyó.
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Mientras realizaba la entrevista, Haurigot comentó que estaba monitoreando otra requisa, pero en la cárcel santafesina de Piñero. “Es por la causa de asociación ilícita del ‘Viejo’ Cantero (padre de “Guille” capo de Los Monos) y ya secuestramos tres celulares a quienes teníamos sospechas que los estaban usando. Uno de los reclusos destruyó el teléfono, pero la parte externa, por lo que se puede peritar igual”, finalizó.
Dentro de la unidad fiscal que comanda la fiscal también se investiga el ataque a tiros contra el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, causa en la que por el momento no hay detenidos. El viernes pasado hubo allanamientos ordenados por el fiscal Federico Rébola en barrio Larrea, en la zona noroeste de Rosario, pero el resultado fue negativo.
Las cifras de homicidios acompañan el planteo de Haurigot. Hubo 287 casos en el último año, contra 241 en 2021.
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