El fiscal de San Isidro Claudio Scapolán está acusado de ser jefe de una asociación ilícita integrada también por policías que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes. En octubre del año pasado fue procesado y en las últimas horas recibió un nuevo revés por parte de la Justicia: lo suspendieron.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, presidido por la jueza Ana María Bourimborde, aceptó la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, y resolvió, por 9 votos a favor y 1 en contra, suspenderlo en su cargo. Además, dispuso el embargo del 40 por ciento de su sueldo.
“Existen elementos suficientes para, a primera vista, considerar verosímiles las imputaciones endilgadas, las que alcanzan para admitir la acusación y, consecuentemente, disponer la suspensión del funcionario enjuiciado”, argumentó el tribunal en un fallo que divulgó la agencia de noticias Télam.
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En la resolución se incluyeron algunos tramos del escrito de defensa presentado por Scapolán, quien justificó su accionar como funcionario del Ministerio Público, y aseguró que de lo único que fue jefe desde el 2006 es de las personas que trabajan en su fiscalía y que nunca les impartió directivas fuera de la ley. En esa línea, el funcionario judicial presentó una serie de nulidades y recusaciones que fueron evaluadas por los magistrados y, finalmente, desestimadas por ser materia de análisis en un debate oral.
La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en el 2016 por la ex diputada Elisa Carrió, y de la investigación se hizo cargo la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que procesó a Scapolán el 1° de octubre del 2021 por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Arroyo Salgado sostuvo que la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías de la Bonaerense actuaba “con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo”.
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de, al menos, 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.
Los hechos que le imputan a Scapolán están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015, cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016.
El pasado 1° de julio, la Coalición Cívica, disconforme por la “falta de avances” en la causa, envió una nota al Jurado de Enjuiciamiento bonaerense para reclamar la remoción del cargo del fiscal “ante la gravedad, pluralidad y extensión en el tiempo de los hechos y faltas atribuidos y por haber ‘perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad’”, explicaron en un comunicado.
Desde el espacio que lidera Carrió, e integra la coalición Juntos por el Cambio, consideran que carece de “requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de su función”. En ese sentido, insistieron en su reclamo para “que se complete el juicio y la destitución de Scapolán con fundamentos en la falta de los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de su función”.
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