El ataque a tiros ocurrido en la madrugada de este miércoles contra el edificio de la Justicia federal de Rosario quedó filmado. En las imágenes se puede ver cómo un sicario a cara descubierta se acerca a pie, dispara contra la garita de seguridad que se encuentra en el ingreso, se da media vuelta y se va caminando.
Las filmaciones ya llegaron a manos de Javier Arzubi Calvo, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, que está a cargo de la investigación por el atentado. En los videos se puede observar con nitidez que el gatillero camina por bulevar Oroño a las 3.20, mira hacia atrás, frena, saca un arma, pasa su mano por la reja y tira contra la garita, donde generalmente hay un prefecto encargado de registrar los ingresos y egresos del edificio.
Las imágenes ya fueron enviadas a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación, con el objetivo de mejorar la resolución y poder identificar al sospechoso.
En la mañana de este miércoles, investigadores judiciales confirmaron que el sicario usó un arma calibre 9 milímetros. El material balístico secuestrado en la escena del ataque será enviado a analizar por los gabinetes de la Policía Federal Argentina de la Ciudad de Buenos Aires.
Al momento de los tiros había custodia de la Prefectura en el edificio, pero en el interior. Lo llamativo no es que no persiguieron al sospechoso, sino que ni siquiera escucharon los disparos. El personal judicial se enteró del atentado este miércoles al ingresar a trabajar.
Entre las primeras medidas realizadas por el fiscal Arzubi Calvo se tomó declaración testimonial a los prefectos que estuvieron en la custodia nocturna de este martes y a quienes concurrieron al relevo este miércoles por la mañana.
Otra de las determinaciones que tomó el titular de la Fiscalía Federal N°1 de Rosario fue ordenar el refuerzo de seguridad de todos los edificios dependientes del Poder Judicial federal. Además, solicitó información sobre todos los juicios que se están desarrollando en estos momentos en los tribunales orales, para ver si alguno puede ser motivo del atentado.
Se trata del primer atentado contra la Justicia federal de Rosario. Las anteriores intimidaciones que ocurrieron en la ciudad estuvieron todas dirigidas a jueces provinciales, empleados del Ministerio Público de la Acusación o contra los edificios donde se lleva adelante la actividad judicial santafesina.
Entre mayo de 2018 y enero de 2019 en Rosario fueron baleados el Centro de Justicia Penal, los Tribunales provinciales, la sede del Ministerio Público de la Acusación, casas particulares de jueces, de policías y de al menos una empleada judicial. Además, se arrojó una granada contra la sede policial donde actualmente funciona la Agencia de Investigación Criminal.
Todos estos hechos fueron esclarecidos en los juicios contra Los Monos y el capo narco Esteban Alvarado, dos bandas que mantienen una violenta disputa desde hace más de una década en la ciudad. El único atentado ocurrido en ese período de tiempo que no tuvo condenados fue el ataque de 18 disparos contra el Concejo Municipal, aunque se sospecha que fue encargado por Alvarado.
Casualmente, el mismo fiscal federal que ahora tiene a su cargo la causa por el atentado, en agosto pasado requisó las celdas de los presos Mario Segovia –conocido como el “Rey de la Efedrina”– y Julio Andrés Rodríguez Granthon –condenado por narcotráfico– ante la sospecha de que estaban planificando desde el penal federal de Ezeiza atentados contra la Justicia federal de Rosario.
En esos procedimientos hechos en la cárcel, a Segovia le secuestraron anotaciones de números de teléfono y nombres, que en ese momento resultaban desconocidos para la Justicia.
En paralelo, desde la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República de Argentina (AJUFE) emitieron este miércoles un comunicado tras el atentado: “Repudiamos enérgicamente el atentado perpetrado contra las instalaciones de la justicia federal de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y exigimos a las autoridades nacionales y provinciales que garanticen las condiciones de seguridad para ejercer la función judicial y protección de sus integrantes”.
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