
Una oficina del barrio porteño de Colegiales y una sucursal del Banco BBVA del microcentro fueron allanadas este viernes en el marco de la investigación por el doble crimen de Vicente López, por el cual el hijo menor de las víctimas se encuentra detenido como sospechoso de asesinar a sus padres. En la entidad bancaria, los efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron documentación correspondiente a la conformación de una sociedad comercial en Panamá relacionada con una constructora en el mismo país.
Así, el primero de los procedimientos fue realizado en un edificio de 7 pisos ubicado en la calle Virrey Arredondo al 2400. Según las fuentes policiales informaron a Infobae, era una oficina a la que, según declaró Martín Santiago Del Río (47), concurrió en algún momento del pasado 24 de agosto, día en que fueron asesinados sus padres, José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72).
El segundo operativo fue realizado en el sector de las cajas de seguridad de una sucursal del Banco BBVA, ubicado en Reconquista 199, en pleno microcentro porteño. El motivo de este allanamiento es que Del Río, también en su indagatoria, señaló que allí tenía una caja de seguridad, pero que solo contenía documentación. Allí encontraron documentación correspondiente a la conformación de la sociedad comercial en Pananá. Ambos procedimientos fueron ordenados por el juez de Garantías N°1 de San Isidro, Ricardo Costa, a pedido de los fiscales de Vicente López Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, quienes instruyen el expediente por el doble crimen de Del Río y Alonso.
Del Río está detenido y acusado por matar a tiros a sus padres el miércoles 24 de agosto pasado en su casona de Vicente López. Este jueves se sentó ante los fiscales y aceptó ser indagado en la causa que lo tiene como sospechoso de doble parricidio. El empresario habló y respondió preguntas. No pudo justificar qué hizo en la franja horaria en la que se cree que se cometió el crimen y habló mal de su padre muerto: “Mi viejo no era un tipo ético con los negocios”, aseguró.

La declaración de Del Río comenzó a las 17.10 y finalizó cerca de las 23 del jueves. En paralelo, se hizo un nuevo allanamiento pero en el departamento del detenido del piso 13 de la torre 1 de Ramsay 2055, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.
Según pudo saber Infobae, el procedimiento en Belgrano se hizo porque fue uno de los lugares que visitó Del Rio hijo luego de asesinar a sus padres. En el lugar se secuestró una pistola glock 9mm, la documentación de una Bersa del mismo calibre, una Ferrari y una campera azul muy similar a la que el hombre usó para llegar a lo de sus padres.
En su indagatoria del jueves, que fue realizada frente a los tres fiscales que investigan la causa, el hombre intentó defenderse de la acusación. Dijo que entre las 16.30 y las 19, horario en que se cree que cometió los asesinatos, se quedó “durmiendo” arriba de su camioneta. “Lo más importante es que no pudo explicar qué estaba haciendo al momento de los asesinatos. No tuvo forma de justificar sus movimientos en la franja horaria clave”, contó uno de los investigadores.
Cuando llegó el turno de las preguntas, el fiscal Alejandro Musso, intentó indagar en la actividad del su padre, José Enrique Del Rio, y en la fortuna de la familia. “Tenemos un patrimonio de 25 millones de dólares”, aseguró. Aunque luego especificó que nada de ese dinero le pertenecía a él. Creen los investigadores que por ese lado puede encontrarse el móvil del crimen.

Además, en medio de una larga respuesta, soltó una frase que sorprendió a todos por la crudeza con la que se refirió a su padre muerto: “Mi viejo no era un tipo ético con los negocios”.
Fuentes judiciales aseguraron a Infobae que el hombre, por otro lado, intentó justificar sin éxito los mensajes en los que sus padres le insistían con la mudanza al Chateau de Libertador. Además, volvió a mencionar a María Ninfa Aquino, la empleada doméstica, como entregadora.
Del Río fue imputado por el delito de “doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, alevosía, criminis causa y por el uso de arma de fuego”, que prevé la pena de prisión perpetua.
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