Un año después del secuestro que los llevó ante la Justicia, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de ocho personas acusadas de integrar la banda de Los Monos, liderada por ‘Guille’ Cantero. La misma está acusada y rinde cuentas ante la justicia por los delitos de secuestro extorsivo y comercio de estupefacientes en las localidades santafesinas de Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco.
La resolución se produjo luego de que el tribunal rechazara los recursos de apelación de las defensas de todos los imputados. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Claudio Kishimoto, Santiago Marquevich y Diego Iglesias, respectivamente.
La misma comenzó a raíz del secuestro extorsivo de un joven, ocurrido en la noche del 23 de julio de 2021 en las cercanías de un punto de venta de drogas ubicado en la localidad de Arroyo Seco. Según reconstruyeron los fiscales, la víctima llegó al lugar junto a un amigo con el objetivo de comprar marihuana, pero al bajar de su auto fue interceptado por un hombre uniformado al grito de ‘alto policía’. Mientras, otro lo sorprendió por atrás y lo golpeó en la cabeza.
Inmediatamente, el joven fue obligado a subir al auto, donde además había otras cuatro personas, y quedó retenido por dos horas mientras los secuestradores extorsionaban a su familia y exigían un rescate de 100.000 dólares. Finalmente, fue liberado -en la madrugada del 24 de julio- en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, luego de que se pagara un monto de 10.000 dólares y algunas joyas.
Las palabras de la víctima permitieron establecer que detrás del secuestro existía un grupo de personas organizadas por “Guille” Cantero y Leandro Vinardi -quienes estaban alojados en el pabellón 7 de la Unidad de Detención de Piñero- para comerciar estupefacientes.
Para los magistrados, la organización también cometía “distintos delitos conexos para asegurar esa actividad ilícita, como la realización de balaceras en distintos comercios o domicilios de sus ‘competidores’. Además se le imputa a la banda el caso del secuestro extorsivo de M., que dio origen a esta causa, con el objetivo recuperar el dinero perdido como consecuencia de la incautación de parte de la droga que iba a ser comercializada y que fue hallada en su oportunidad”.
De esta manera, la Sala B de la Cámara Federal, integrada por Aníbal Pineda y José Toledo, rechazó los planteos de los acusados — Aznárez Espeche, Malvestitti, Gorosito, Mariana Núñez, Casas, Barrias, Vinardi y de un adolescente — en un fallo de 49 páginas.
“Se está en presencia de una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, con una organización de corte piramidal, en la que se puede vislumbrar claramente los roles que ocupaban sus distintos miembros. Se advierte la existencia de una organización narcocriminal conformada por personas privadas de su libertad que continúan operando en sus negocios ilícitos a través de teléfonos celulares que poseen en sus lugares de detención, órdenes que son ejecutadas por otras personas que se encontraban en libertad y llevaban a cabo no sólo las ventas de estupefacientes, sino que también ejecutaban otros ilícitos como ser balaceras para amedrentar a sus competidores y para proteger y disputar el territorio donde se desarrolla esa actividad”, dijo Pineda en su voto, al que adhirió su colega.
Por último, el integrante de la Cámara Federal expresó otro de sus análisis luego de la investigación: “El secuestro del que resultó víctima F.N.M. se realizó con la finalidad de obtener un rescate que cubra las pérdidas económicas derivadas de la incautación de la droga oportunamente hallada en poder de uno de los miembros de la banda, el llamado Pablo Javier Pascua, lo que posibilita vislumbrar lo que en mi criterio se denominaría una segunda fase del narcotráfico”.
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