El airsoft es básicamente una simulación, un juego de guerra. Diversos grupos lo practican en Argentina. Se ve como un combate bélico real. Básicamente, sus practicantes juegan al ejército con uniformes, estrategias, simulacros de operaciones tácticas. Para hacerlo más entretenido emplean réplicas de armas, usualmente eléctricas y de aire comprimido, de libre comercialización. Son costosas, juguetes para adultos: una falsa Uzi que se ve exactamente como la original tiene un valor de 22 mil pesos en sitios online, un fusil de asalto simil M-16 puede superar los 100 mil pesos. Aunque los disparos nunca son letales, el airsoft también tiene sus riesgos. En julio de 2021, un joven perdió un tímpano tras la explosión de un mortero, un arma fuera de reglamento y de aparente fabricación casera, en un campo en Ezeiza.
Entre todas esas armas falsas, una real puede pasar perfectamente.
La semana pasada, el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- desbarató a una red importaba material para airsoft: réplicas de armas de guerra y granadas, además de pistolas. Se sospecha, según fuentes de la causa, ingresaban armas de alto calibre con capacidad letal.
El expediente a cargo del Juzgado Federal de Eldorado, provincia de Misiones, bajo el magistrado Miguel Ángel Guerrero, terminó con diez detenidos y 30 millones de pesos en material incautado: entre los acusados hay armeros legales y revendedores. La investigación descubrió que importaban las réplicas de manera clandestina desde Paraguay, en Ciudad del Este. Atravesaban la Triple Frontera con paseros, esquivando los controles aduaneros para incrementar las ganancias.
La lista de lo que se llevó la PFA es llamativa: 207 armas, réplicas exactas en peso y tamaño de diferentes armas de fuego como pistolas, revólveres, fusiles y ametralladoras, una granada, 124 navajas, 46 cuchillos, 67 tubos de gas, además de uniformes, calzados, miras láser u holográficas, cascos, chalecos, y otros accesorios tácticos militares y policiales.
La causa había comenzado en mayo de 2020, luego de una denuncia anónima que recibió la Federal con un delator que contó la maniobra. Las armas eran traficadas por micro, a través de un conocido expreso. Se descubrió que había roles definidos: una mujer de nacionalidad paraguaya que residía en Barracas era la encargada de realizar los viajes a Ciudad del Este donde compraba el material. Posteriormente otros ciudadanos paraguayos en Puerto Iguazú recibían los artículos que eran cruzados ilegalmente en canoas para luego ser cargados a los expresos.
Entre los detenidos, se encuentra un abogado de 34 años, cuyo nombre figura en la base de datos del Colegio porteño de letrados. Ex empleado de una aseguradora, percibe una Asignación Universal según registros consultados. Está señalado como revendedor en la estructura, según información del expediente a la que accedió Infobae.
Su casa en Caballito fue allanada. Allí se encontró material con simbología nazi y mucho metal pesado, el lote principal de armas reales: once armas como una escopeta Maverick, una carabina semiautomática Ruger calibre .22, dos pistolas semiautomáticas Heckler & Kock calibre 40, una Glock calibre 45, otra pistola calibre 45 marca Colt y casi dos mil municiones, además de 13 réplicas para airsoft. Algunas de las armas tenían sus papeles de registro. Se desconoce, por lo pronto, si este stock provino de la Triple Frontera, algo que será materia de investigación.
El allanamiento en Caballito llevó a otro comercio ligado al abogado, una supuesta distribuidora de “equipamiento táctico” sobre la avenida Avellaneda. Allí se encontraron 47 pistolas y 31 rifles para airsoft, entre otras piezas. El abogado, por otra parte, operaba las redes sociales de la distribuidora. Entre los posteos pueden verse símbolos comúnmente empleados por grupos nazi.
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