El fiscal Germán Camafreita ordenó la detención de dos directivos, dos profesionales y una trabajadora administrativa de la comunidad terapéutica sin habilitación “Resiliencia San Fernando” de Pilar, por la muerte de cuatro pacientes durante un incendio ocurrido en febrero pasado. Pocos días después del siniestro, había sido detenido su director.
Se trata del codirector de la comunidad Alejandro Merenson, la vicedirectora Eliana Wadrick, la funcionaria administrativa Alejandra Machado, el psiquiatra Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra General. Antes había sido arrestado, el director de la comunidad, Alan Emmanuel Cambra Sarife. Todos están imputados por los delitos de homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre.
El drama ocurrió el 22 de febrero pasado en la comunidad Resiliencia San Fernando, un predio ubicado en Paunero al 2.800, en la localidad de La Lonja. La causa del incendio es investigada por la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Camafreita. Según fuentes del caso, ese lunes trágico “los chicos estaban en medio de un taller, cuando uno de los pacientes se levantó, con el encendedor y un cigarrillo en la mano, y se fue para la zona de los cuartos”.
“Perdieron de vista al chico que se fue a fumar y enseguida comenzó un fuego voraz en las habitaciones, donde primaban los colchones y también las rejas en las ventanas”, detallaron.
“Muchos quedaron encerrados del lado de los cuartos cuando comenzaron las llamas. Como pudo, el resto intentó rescatarlos. Rompieron las ventanas que pudieron, pero las rejas dificultaron todo”, señalaron las fuentes consultadas y dijeron que, incluso, llegaron al joven que había comenzado las llamas. “Cuando lo quisieron sacar, les dijo: ‘Déjenme acá’”, revelaron. Fueron 22 los que se salvaron.
En total, cuatro hombres, todos mayores de edad, murieron durante el incendio en el predio de Pilar, que en su sitio web se define como un “centro de rehabilitación de adicciones con abordaje terapéutico y espiritual”.
Si bien los directivos adujeron ante los investigadores que la documentación del lugar se quemó en el incendio, las fuentes consultadas contaron que, tras una consulta al Ministerio de Salud bonaerense, supieron que “no estaba habilitado para funcionar”. Los mismos bomberos que apagaron las llamas y que certifican este tipo de centros “informaron que tampoco contaba con ese certificado”, dijeron las fuentes consultadas.
Por todo esto, el predio fue clausurado y los pacientes debieron ser derivados de urgencia a otras comunidades terapéuticas, e incluso a hospitales para aquellos que padecían problemas de salud mental.
En la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que actúa como particular damnificado institucional en la causa penal, denunciaron que “no había ningún matafuego en el edificio, ni existía plan de contingencia ni salidas de emergencias” también dijeron que la comunidad “estaba sobrepoblada” y aseguraron que “tenía denuncias previas por estos hechos y el fallecimiento de un joven el año pasado que no se investigaron”.
Además, remarcaron que el lugar “no contaba con habilitación para el tratamiento de la salud mental” y que “el incendio en una de las habitaciones de reclusión desencadenó la masacre: cuatro usuarios de entre 25 y 40 años fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono”.
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