Rifles, municiones y granadas en operativos para detener a cuatro integrantes de la facción “A.C.” de la mafia china

La primera advertencia suele llegar en papel: son notas de carácter extorsivo donde exigen suculentas sumas de dinero a supermercadistas y comerciantes chinos a cambio de brindarles lo que consideran “protección”. Luego, pasan a la acción. Pueden romper todo el negocio, incendiarlo y hasta balearlo. “En los últimos años, la virulencia con la que actúa la mafia china se acrecentó a pesar de los innumerables procedimientos para desbaratar esta organización criminal”, avisa un investigador de la Policía Federal.

La facción se denomina “A.C.”, por Argentina y China, y es rival de la histórica mafia “Pi Xiu”, que desde 2016 la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones de la PFA intenta desarticular. Es una de las principales mafias instaladas en Buenos Aires, con presencia en decenas de supermercados en algunas de las zona más afluentes de la Capital Federal.

En las últimas horas, detuvieron a cuatro sospechosos. Tenían armas largas, granadas y municiones. Todo se produjo luego de 15 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, informaron hoy fuentes policiales.

La causa es por extorsión y los detenidos fueron identificados por las fuentes como H.Y., de 41 años, L.D. de 46, M.C., de 34; los tres de nacionalidad china, y W.X., de 27 y argentino. “Son conocidos por violento e histórico accionar dentro de la comunidad oriental instalada en nuestro país”, dijo a la agencia de noticias Télam un jefe policial.

Allí se secuestraron cantidad de celulares, dos rifles de aire comprimido, municiones, chalecos antibalas, inhibidores de señales, más de 40 tarjetas SIM, documentación, máquinas contadoras de billetes, carteles con el logo de la mafia e, incluso, una granada de guerra y otra de humo, lo que motivó la colaboración de la División Explosivos de la PFA.

Los procedimientos fueron realizados este miércoles por orden de la jueza Paula González, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, en el marco de una investigación que comenzó cuando dos jóvenes argentinos fueron detenidos con cartas extorsivas en las inmediaciones de un supermercado chino porteño.

Tras el análisis de sus celulares se logró determinar que ambos sospechoso respondían a dos ciudadanos chinos, presuntamente, integrantes de la “A.C.”.

Lo cierto es que, entre la documentación incautada para la jueza González en los operativos de las últimas horas, los detectives de la PFA detectaron los listados de los supermercados que, aparentemente, abonan mensualmente sumas de dinero a cambio de no ser víctima de daños, lesiones y otras agresiones, y que ahora podrían convertirse en testigos claves para la causa.

Los cuatro detenidos fueron trasladados al Departamento Central de la PFA, donde quedaron alojados a disposición de la jueza.

Las fuentes explicaron que el modus operandi siempre es el mismo: empiezan intimidando con notas de carácter extorsivo, exigiéndoles sumas de dinero a supermercadistas y comerciantes a cambio de brindarles “protección”. Pero luego, según las fuentes, continúan las agresiones que van desde ocasionar incendios o daños a los comercios hasta el envío de un tirador a sueldo que balea y a veces asesina a quienes se niegan a pagar.

Antecedente

Un caso con esta modalidad ocurrió el 7 de abril pasado en un supermercado chino ubicado en la calle Monroe al 5.400 de Villa Urquiza, donde su dueño, un comerciante de 50 años, fue baleado en dos oportunidades en las piernas por dos individuos que cometieron el ataque pese a que en la cuadra la víctima tenía una mujer policía de consigna por las amenazas previas.

Además le dejaron una nota, manchada con sangre y con letras chinas que decía: “Jefe, añada como amigo el número/usuario ... por WeChat en un plazo de tres días o reserve un turno en el hospital”.

El presunto autor de los disparos pudo ser detenido a unos metros por la Policía de la Ciudad, y en su procesamiento, el juez en lo Criminal y Correccional N°60, Luis Schelgel, dejó asentado que el imputado es un hombre de 56 años, nacido en la provincia de Córdoba, empleado del Mercado Central, con antecedentes por delitos contra la propiedad y que en ese momento estaba en libertad condicional.

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