
La historia de la denuncia contra el empresario Edgar Alberto Gómez en los tribunales porteños es larga y tortuosa. Comenzó en 2017. Su ex pareja, una médica que lo conoció en septiembre de 2013, denunció a Gómez -oriundo de Lanús, ligado al rubro de la salud- lo denunció por violencia de género, amenazas de acuerdo al artículo 149 bis del Código Penal, que castiga a las intimidaciones de este tipo con uno a tres años de cárcel. El 31 de marzo de este año, cuatro años después, el Juzgado N°4 de Primera Instancia en lo Penal y Contravencional finalmente ordenó la rebeldía y el pedido de captura de Gómez, que luego cambió su situación procesal, a derecho en el expediente con una caución real de 700 mil pesos. Sin embargo, el empresario habría intentado esquivar el proceso con una serie de trucos y certificados médicos,
Con una investigación encaminada con firmeza por la fiscal Silvana Bruno, el empresario comenzó a aducir problemas de salud, como hisopados por COVID, que daban negativo. Su última excusa fue una cirugía cardíaca, una supuesta angioplastía. También presentó certificados.
Entonces, se convocó a una junta médica para evaluar la situación, celebrada en la Dirección Médica forense porteña, con un especialista designado por la querella de la víctima de Gómez, a cargo de los abogados Javier Landaburu y Daniel Rubinovich. La junta entregó sus resultados: determinó por mayoría que Gómez se encuentra “en condiciones de salud para afrontar la audiencia de debate pendiente de celebración”, de acuerdo a documentos judiciales a los que accedió Infobae.
Así, la titular del Juzgado N°4 finalmente fijó una fecha para el proceso: el empresario deberá presentarse para ser juzgado el martes 5 y miércoles 6 de esta semana. “Convóquese al imputado a la audiencia de debate, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde”, firmó la jueza Rocío López Di Muro.
La mujer, divorciada, madre de dos hijas, una reconocida médica de la zona sur con una clínica propia en Lanús, conoció a Edgar Alberto Gómez en diciembre de 2013. Gómez, de poco más de 50 años, era un empresario dedicado al rubro médico, según él mismo. Lo conoció a través de un jerarca local del PAMI: Gómez, padre de varios hijos también, decía estar separado de hecho con su ex mujer.
Según sus registros, el empresario luego sería miembro del directorio de su propia firma, Sitio Salud, dedicada a la venta mayorista de productos farmacéuticos e instrumental, donde sigue hasta hoy. La empresa es parte, según registros oficiales, de la lista de proveedores de la obra social de las Fuerzas Armadas, entre otros negocios. Parecía un hombre solvente al principio, confiable. Comenzaron una relación. Construyeron una casa en el country San Eliseo en la zona de San Vicente para vivir los fines de semana, viajaron por el mundo.
La violencia de género, según la denuncia, comenzó tiempo después con pequeñas señales, manipulaciones, mentiras, de acuerdo a testimonios de personas cercanas a la víctima. Luego hubo tironeos del brazo, escenas de denigración, invasiones y celos enfermizos en restaurantes de Miami o Puerto Madero.
En rigor, la médica denunció a Gómez en dos causas penales distintas. La primera denuncia ocurrió en 2017, por los delitos de estafa y defraudación, que fue radicada en el Juzgado N°22. Acusó a su ex pareja de tomar dos hojas en blanco con su firma y sello de su escritorio en su clínica, que la médica dejaba en confianza de su staff, para supuestamente fabricar un mutuo y un pagaré a su nombre como deudora entre octubre de 2013 y enero de 2016, con un texto escrito con un procesador, sin certificación alguna. El acreedor, irónicamente, era un hermano del empresario. Los montos:1,8 millones de pesos y 200 mil dólares. Por el pagaré, el hermano se presentó con un expediente en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18 en 2018 por la ejecución de los 200 mil dólares más 1,2 millones en intereses y costas.
La Justicia lo benefició a pesar de la insistente querella de la médica. El Juzgado N°22 decidió sobreseerlo por la causa por defraudación y estafa luego de que Gómez negara todo, una decisión que fue revocado en septiembre de 2020 por la Sala I de la Cámara Criminal con los jueces Pablo Guillermo Lucero y Julio Lucini. Su defensa presentó un recurso de queja: fue rechazado por la Sala de Turno de la Cámara en diciembre del año pasado.
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