Pocos casos ilustraron en la historia criminal argentina la promiscuidad entre política, Justicia y narcotráfico como el caso Itatí, la pequeña ciudad correntina bajo el mando del intendente Natividad “Roger” Terán y su vice, Fabio Aquino. En los cálculos e imputaciones de la Justicia federal porteña, Terán y Aquino fueron articuladores, partícipes necesarios, engranajes en una larga cadenas de complicidad; la red que importaba marihuana paraguaya a gran escala no se apoyaba solamente en un despacho de intendente.
El megaoperativo realizado por Gendarmería y Policía Federal que llevó a la detención de ambos funcionarios a mediados de 2017 dio una idea de la magnitud del problema. Desde Comodoro Py, el entonces juez federal Sergio Torres ordenó más de 30 detenciones y casi 40 allanamientos -una garantía de ruido en un pueblo de 6.500 habitantes- y ordenó incautar 22 vehículos, en una causa con la activa participación de la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcocriminalidad.
La hija de Terán, Mariela, también fue arrestada, ligada a la trama narco junto a su marido, Ricardo Piris. Hernán Aquino, hermano menor del vice, cayó pocos días después, arrestado por Prefectura sobre la ruta nacional 118: llevaba casi 500 kilos de marihuana en un Volkswagen Gol.
Torres no solo hizo arrestar a “Roger” Terán, Fabio Aquino y miembros de sus familias, así como integrantes de los clanes de Saucedo, Marín y Bareiro; también llevó a la cárcel al comisario local, Diego Ocampo Alvarenga, miembro de la Policía correntina y a dos jefes jerárquicos de la delegación Corrientes de la Policía Federal, Carlos Víctor López, con rango de sargento; y Rubén Ernesto Ferreyra, “El Gordo”, preso en Marcos Paz, quien era el subcomisario de la delegación de la Federal en Corrientes.
Las sospechas en contra de estos dos últimos policías fueron gravísimas. Torres y su equipo habían intervenido los teléfonos de López y “El Gordo” durante semanas: su investigación indicó que no solo habrían arreglado con narcos, sino que hasta revendían la droga que secuestraban. Ferreyra cayó con 17 panes de marihuana en su despacho.
Hay, por otra parte, tres nombres que sobrevuelan toda esta trama, quizás los verdaderos señores del movimiento de la marihuana paraguaya en el Litoral: son Carlos Bareiro, conocido como “Cachito”, hoy preso en la Unidad Nº 7 del Servicio Penitenciario Federal en Chaco por una causa previa; Luis Saucedo, alias “Gordo”, y Federico Sebastián Marín, apodado “Morenita”.
Así, el caso Itatí llegó a juicio, tras la caída del juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, acusado de beneficiar a varios involucrados. Terán, Aquino y “Morenita” Marín, entre otros, acordaron penas de entre tres y 12 años de cárcel en un juicio abreviado, lo que implica el reconocimiento de los cargos, en un proceso a cargo del Tribunal Federal N°3.
Los pedidos continuaron: para Edgardo Javier Coria, acusado de ser uno de los transportistas y cómplices, siete años y seis meses. Para el policía Alvarenga, requirieron otra pena excepcionalmente dura: acusado del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro, agravado por la intervención de funcionario públicos y por servirse de personas menores de dieciocho, le pidieron más de 9 años. Para Rubén Ernesto Ferreyra, que había intentado dejar la cárcel con la excusa de la pandemia del coronavirus de cara a diversos problemas de salud, otros 9 años también.
Luego, le llegó el turno a “Cachito” Bareiro, preso en Marcos Paz. En mayo de este año, ante el TOF N°3, luego de un extenso alegato que tomó diez horas y dos audiencias, Iglesias y el auxiliar fiscal Martín Uronia, también parte clave de la PROCUNAR, pidieron para el capo la pena de 18 años de cárcel.
Esta semana, el TOF N°3 dio a conocer sus veredictos: hubo casi 40 imputados condenados, entre penas en suspenso y de cumplimiento efectivo, con más de 25 que aceptaron sus culpas en un proceso abreviado. Varios planteos de las defensas fueron rechazados.
El acuerdo para Terán fue homologado: tres años de prisión en suspenso. Marín recibió la pena de doce años de cárcel y fue declarado reincidente por una condena previa. Fabio Aquino, tres años y ocho meses de cumplimiento efectivo. Todos ellos fueron parte del proceso abreviado.
Bareiro, que se negó a pactar y decidió ir a debate, recibió 17 años de cárcel. El transportista Coria, seis años. Rubén Ferreyra, 9 años de prisión. Diego Alvarenga, 9 años.
La PROCUNAR se valió para su acusación de una extensa serie de escuchas que complicaron a Bareiro y que lo muestran hablando con “Morenita” Marín. Otro testigo, Walter Zanek, fue acusado de falso testimonio.
Así, la Justicia concluyó que Carlos Alberto Bareiro organizó las actividades ilícitas detalladas en el requerimiento de elevación a juicio, proveyendo y coordinando los medios necesarios para obtener el material estupefaciente desde la República del Paraguay hacia la localidad de Itatí, provincia de Corrientes, para su posterior almacenamiento, distribución y venta en distintos puntos del país.
“El Gordo” Saucedo, por su parte, será juzgado en otro proceso tras ser capturado en 2019. Hay otros diez imputados en su misma situación.
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