La caída del subjefe de la Policía de Santa Fe, acusado de una trama de corrupción con repuestos de patrulleros

Ariel Zancocchia fue la segunda línea de mando en la fuerza provincial hasta este jueves, cuando fue allanado por participar de una asociación ilícita entre uniformados y mecánicos. El Ministerio de Seguridad pidió su renuncia

Ariel Zancocchia (centro) junto al ministro de Seguridad Jorge Lagna: le pidieron la renuncia.
Ariel Zancocchia (centro) junto al ministro de Seguridad Jorge Lagna: le pidieron la renuncia.

El subjefe de la Policía de Santa Fe Ariel Zancocchia –que asumió ese cargo el 3 de septiembre del año pasado– fue desplazado de su función este jueves después de que fuera allanado en el marco de una causa donde está investigado junto a otros uniformados y civiles por presuntas maniobras irregulares vinculadas a las reparaciones de patrulleros que estaban en la base del Comando Radioeléctrico. En la investigación se detectó que la proveedora más importante de autopartes de la fuerza de seguridad era la firma “Genarino Mecánica”, cuyo socio fue Zancocchia antes de ser alto mando provincial.

La historia de su caída es amarga, algo grotesca. Todo en el expediente de la Justicia suena a impunidad, a robo miserable, en la atmósfera de una de las fuerzas de seguridad más cuestionadas de la Argentina.

Fue iniciado en febrero del año pasado. Tomó su tiempo, pero fue eficiente. El hoy ex subjefe cayó rápido. El jueves último al mediodía, la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) hizo 19 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Zavalla por pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada. En la misma jornada, pero por la tarde, el ministro de Seguridad Jorge Lagna le pidió la renuncia a Zancocchia y por la noche lo pasó a disponibilidad.

Zancocchia fue uno de tres uniformados allanados. Los otros fueron Martín Ronsisvalle, encargado de administración y finanzas de la Unidad Regional II, y Germán Osvaldo Trujillo, que fue el jefe del taller del Comando Radioeléctrico de Rosario que está ubicado en Tarragona 790 bis, en la zona noroeste. Los tres fueron desplazados de sus cargos este jueves a la noche.

Trujillo fue el único de los tres policías en ser imputado por el momento. Y los fiscales lo hicieron con el uniformado en libertad, por los delitos de defraudación al Estado, cohecho, peculado y asociación ilícita. Ese suboficial se desempeñó como encargado del taller denominado “Base Tarragona o Rampa Norte” desde el 1 de enero de 2000 hasta el año pasado, cuando comenzaron las auditorías de la Agencia de Control Policial sobre los patrulleros que figuraban fuera de servicio.

Uno de los talleres allanados en el expediente.
Uno de los talleres allanados en el expediente.

Si bien en esta etapa de la causa asoman solo tres nombres de policías involucrados, para los investigadores judiciales participaron al menos 20 agentes que integraban una suerte de “pyme” dedicada a vender repuestos que estaban destinados a arreglos de patrulleros. Esas autopartes fueron a parar a talleres que están bajo investigación, algunos incluso pertenecientes a familiares de esos uniformados bajo la mira, según fuentes judiciales.

Los fiscales sostuvieron en la acusación a Trujillo que la empresa “proveedora más importante de la Policía en función del volumen de ventas” era Genarino Mecánica, que perteneció a Ariel Zancocchia, quien vendió su parte de la sociedad cuando fue ascendido en la fuerza de seguridad. Los investigadores judiciales sospechan que más allá de haber “salido” formalmente de la empresa, siguió detrás de esas supuestas maniobras.

En una auditoría realizada el 15 de abril pasado, la Agencia de Control Policial dejó asentada “irregularidades manifiestas como la contradicción en el registro de los estados de los móviles y lo observado a simple vista; móviles entregados para arreglos determinados y se encuentran en otro estado; vehículos que no pertenecen al Comando Radioeléctrico, sino a otras dependencias”.

En ese informe a su vez se precisó que había 23 patrulleros de otras dependencias en la base del Comando Radioeléctrico, y que esa situación no se encontraba registrada en la documentación secuestrada en ese predio de la zona noroeste de Rosario.

En esas auditorías, los agentes de Control Policial dejaron anotados varios móviles que no tenían hechas las reparaciones que figuraba en la documentación del taller del Comando Radioeléctrico; y otros a los que, según los registros, se realizaron arreglos a pesar de estar en buenas condiciones.

“Muchas veces, vehículos que no merecían reparación se los denunciaba para repararlos; y a los que iban a reparación se les colocaban autopartes de otros automotores en desuso, y los repuestos oficiales eran comercializados a talleres a través del mercado informal”, dijo este viernes el secretario de Justicia de Santa Fe Gabriel Somaglia en Radio 2. Agregó que no está determinado el monto económico que ocasionaron estas presuntas maniobras en las arcas del Estado provincial. Desde Fiscalía estiman que podría ser “millonario”.

Trujillo, según los fiscales Edery y Schiappa Pietra, mandaba a reparar patrulleros que estaban en buen estado y hacía figurar en los registros arreglos que no se hacían. También le atribuyeron una maniobra que consistía en venderle a talleres mecánicos repuestos que había adquirido para distintos móviles policiales, a los que les terminaba colocando autopartes de otras unidades que ya estaban en desuso.

En tanto, de acuerdo a la presunción de los fiscales, Martín Ronsisvalle, por entonces jefe de Administración y Finanzas de la Unidad Regional II de Rosario era otro de los que participaba de las maniobras de Germán Trujillo.

En un diálogo mantenido a través de mensajes de voz de WhatsApp, Ronsisvalle le dijo a Trujillo que vaya a sacar una batería a una empresa que sería de un pariente que luego iba ser pagada con fondos provinciales. “Le digo que te haga al costo. Sacala a nombre mío antes de ir a la Jefatura. A nombre mío, de Skay sacala, ¿sabés?”, expresó Ronsisvalle.

Zancocchia, por su parte, era otro de los que quedó registrado en mensajes con Trujillo sobre ese tipo de presuntas irregularidades.

En el teléfono secuestrado al suboficial Trujillo se encontró un mensaje de WhatsApp que le envió el ex subjefe de la Policía provincial el 29 de agosto de 2019, que decía: “Truji (sic), ¿habrá una caja de S10 de sexta y embriague para el móvil de la comisaría Baiochi? Los donantes aportan 15 mil pesos”.

Después de los 19 allanamientos, el ministro de Seguridad Jorge Lagna pidió la renuncia de Zancocchia. Por la noche, a través de una resolución interna, lo pasó a disponibilidad junto con Trujillo y Ronsisvalle.

La Policía de Santa Fe, por el momento, quedó bajo el mando de Emilse Chimenti, la jefa de la fuerza preventora. Lagna dejó en claro en diálogo con Infobae que no tiene “apuros” en designar a la segunda línea, por lo que no se espera un anuncio oficial inminente.

La decisión del titular de Seguridad de Santa Fe obedece a que desde 2016 no hubo concursos a director general dentro de la Policía, según explicó.

Mientras tanto, el sindicato no reconocido de la Policía Apropol ya conjeturó que la investigación por la presunta “caja negra” tendría participación en su inicio del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien renunció en marzo de este año y actualmente se desempeña como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

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