Asociaciones de magistrados exigen que no se critique al juez que liberó al motochorro que asesinó a la psicóloga

En medio de las multitudinarias marchas que se registraron este viernes en Ramos Mejía para reclamar justicia por el asesinado de la psicóloga María Rosa Daglio, asociaciones judiciales exigieron que no se critique al juez Marcelo Riquert, quien fue el que liberó antes, bajo la excusa de la pandemia, al motochorro que después terminó cometiendo el crimen.

El magistrado, que ocupa un lugar en la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, es el principal señalado en las manifestaciones, por haber beneficiado con la prisión domiciliaria a Alejandro Miguel Ochoa, de 55 años. Este hombre debía estar en la cárcel por el largo prontuario que lo definía como un delincuente peligroso, pero Riquert le permitió volver a su casa, aduciendo problemas de salud y haber realizado talleres de yoga y ajedrez.

A pesar de los cuestionamientos por parte de las hijas y amigos de la víctima, la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (AAJEP) defendió el accionar del tribunal y sostuvo que las críticas “al acierto o error” de los jueces, implica “una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional que no debe ocurrir jamás”.

A través de un comunicado, el organismo respaldó la decisión de haberle otorgado la prisión domiciliaria a Ochoa, al remarcar que “una vez más apoya que se adopten en forma conjunta y decidida las medidas generales que resulten adecuadas para evitar resultados irreversibles y fatales sobre vidas humanas, especialmente con la urgencia que el caso exige, cuando el principal problema que agrava la situación en relación a la amenaza masiva a la salud, es el hiperencarcelamiento”.

“No debe olvidarse que estas medidas se han tomado en un momento de crisis mundial, pues la pandemia provocada por la aparición del virus COVID-19, mantiene en vilo a la humanidad. Y que lo han sido con premura y en el entendimiento que situaciones tales como el hacinamiento y las deficiencias de higiene, sumado a la dificultad de acceso a los servicios de salud de las personas privadas de la libertad, provoca indefectiblemente resultados fatales sobre quienes se encuentran bajo responsabilidad del Estado”, remarcó la AAJEP.

En este sentido, la asociación manifestó su lamentó por el hecho de que “exista una nueva víctima ante un hecho delictivo, cuya vida no podrá recuperarse jamás”, pero insistió en que ese crimen “fue producto de acciones posteriores e intempestivas, por fuera de la potestad de cualquier magistrado o magistrada”.

“Nuestro sistema penal se basa en la responsabilidad por el acto cometido y no por tratarse de una persona determinada. De allí que las responsabilidades que se atribuyen a jueces y juezas en estas situaciones no son tales”, argumentó.

Por otra parte, el organismo también aseguró que el asesinato también pone a la vista “la insuficiente acción de las fuerzas de seguridad, que deben actuar diligentemente tanto en la prevención de este tipo de delitos como en la búsqueda de una persona que se encuentra prófuga”.

“Cualquiera sea la instancia de un juez o jueza atacado/a por el sentido y contenido de sus sentencias, nuestra Asociación se expedirá como exigencia necesaria de convivencia republicana, que debe primar en nuestro país”, advirtió.

De la misma manera, la Red de Jueces Penales Bonaerenses publicó un texto en su página oficial, en el que manifestaron su “preocupación” por las “tergiversaciones de una resolución judicial” por parte de personas “que pretenden culpar a los jueces con imputaciones aberrantes”.

“Deberían saber que en todo el mundo un condenado puede volver a delinquir, porque en la Argentina, como en todos los países, las leyes, que no las dictan los jueces sino el poder legislativo, no solo autorizan, sino que obligan a los jueces a disponer libertades o prisiones domiciliarias, tanto durante el proceso como cuando hay sentencia firme”, justificó.

Esta agrupación subrayó que “en todos los casos” en los que está prevista la liberación de un detenido, “si los requisitos legales se dan, al juez le corresponde concederla aunque nunca ningún sistema de vigilancia posterior impida la comisión de un nuevo delito”.

La Red también sostuvo que el aumento “de la inseguridad no se soluciona tergiversando el recto sentido y los fundamentos de las resoluciones judiciales” y agregó que “tanto como la justicia, la educación, la policía y las instituciones penitenciarias son algunas de las cosas que deben mejorarse”.

Durante la manifestación de este viernes por la tarde, las mayores críticas apuntaron, justamente, hacia el rol de la Justicia. En las banderas se podía leer: “Culpable la Justicia”. El principal señalado es el juez Marcelo Riquert. En el fallo al que accedió Infobae, el magistrado ordenó que Ochoa saliera de la cárcel y fuera directamente a su casa en el oeste del conurbano bonaerense junto a su familia. Hasta valoró como positivo que el detenido hubiera realizado en prisión talleres de yoga, teatro y ajedrez.

También, entre sus fundamentos para ordenar la domiciliaria, consideró que efectivamente el EPOC y las afecciones urinarias que sufre Ochoa eran una motivación válida para mandarlo a su casa, a pesar de que tribunales en otros fueros negaron domiciliarias a detenidos con patologías mucho más graves.

En tanto, Ochoa juró que se quedaría en su casa de Castelar junto a su mamá, su hermano discapacitado y su hijo, pero en lugar de eso salió a robar. También prometió que cada 15 días pasaría por un juzgado a notificarse: tampoco lo hizo.

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