“Ese juez tiene las manos manchadas de sangre”. La frase impacta por quien la pronuncia pero, sobre todo, por el contexto. Es la voz de Hanna, una joven de 18 años que habla con aplomo en un estudio de TV para exigir justicia y para señalar, con precisión, a uno de los principales responsables de que su madre, María Rosa Daglio, haya sido asesinada cruelmente por un motochorro que debía estar preso, pero que estaba en la calle por decisión del juez Marcelo Alfredo Riquert. El magistrado soltó a Alejandro Miguel Ochoa -un delincuente con un frondoso prontuario- con la excusa de la pandemia y el argumento de que había hecho talleres de yoga y de ajedrez, entre otros.
Hanna y su hermana, Pilar, fueron esta noche al programa Intratables, en el canal América, y acusaron sin medias tintas. “Ese juez tiene las manos manchadas de sangre, porque tomó esta decisión, porque si no hubiera firmado con su lapicera (la liberación) yo estaría con mi mamá”, asegura y reclama a la sociedad que acompañe a la familia para que, el viernes próximo, a las 19, marchen para pedir justicia en Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo, a pocas cuadras donde fue atacada la psicóloga Daglio.
La hija también recordó con dolor que con su madre, “mirábamos las noticias que soltaban asesinos y violadores y que salían e iban a buscar a otras víctimas. Ella y yo estábamos indignadas, sobre todo porque no podés ir a reclamar nada a nadie”. Pilar recordó que “decían que lo soltaron porque había tomado clases de yoga, la verdad que da risa”.

El perfil del juez
El 29 de abril del año pasado, Ochoa recibió la prisión domiciliaria con una decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata firmada por el juez Riquert. En la decisión, a la que accedió Infobae, el magistrado ordenó que saliera de la cárcel y fuera directamente a su casa en el oeste del conurbano bonaerense junto a su familia. El juez hasta valoró como positivo, entre otras situaciones, que Ochoa hubiera realizado en prisión talleres de yoga, teatro y ajedrez. También merituó que el motochorro tenía problemas de salud.
Entre las dolencias, se destaca un EPOC y afecciones urinarias y que eso eran una motivación válida para mandarlo a su casa, a pesar de que tribunales en otros fueros negaron domiciliarias a detenidos con patologías mucho más graves. En tanto, Ochoa juró que se quedaría en su casa de Castelar junto a su mamá, su hermano discapacitado y su hijo, pero en lugar de eso salió a robar. También prometió que cada 15 días pasaría por un juzgado a notificarse: tampoco lo hizo.
“Nosotros queremos que se haga justicia con este juez”, dijo Pilar, en los estudios de Intratables y pidió que la gente se movilice para decir basta ante la inseguridad y poder vivir tranquilo.

La hija también se quejó de que “no sabemos nada, no sabemos ni en qué comisaría está” el motochorro Ochoa. “Mi mamá era una persona súper solidaria, estaba asistiendo a un paciente cuando la mataron. Estaba asistiendo a un paciente. Ella era siempre alegre, positiva, apasionada por el teatro. Los vecinos la conocían de las marchas que hacían por la inseguridad, la veían como vecina”, afirmó.
“A mí me duele en el alma. Estamos luchando por mi mamá. Somos cuatro hijos y recordamos esa sonrisa. Necesito que se haga justicia, porque hoy es mi mamá y mañana puede ser otra persona. Mi mamá era un alma justiciera, ya la habían intentado robar, antes fueron moretones y ahora se le fue la vida, le costó la vida. Antes de eso entraron a mi casa, desvalijaron mi casa”, concluyó Hanna.
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