Luego de la enorme conmoción causada por el crimen de la joven Úrsula Bahillo (18), asesinada a puñaladas por su ex novio policía, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y del jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García, ordenaron la intervención de la comisaría local y de la Comisaría de la Mujer de la localidad de Rojas.
El objetivo, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, es investigar cómo fue el accionar de la policía frente a las denuncias por violencia de género que hizo la chica contra su ex novio -el policía Matías Ezequiel Martínez (25)- poco antes de ser asesinada por él y después durante la violenta represión contra los vecinos de Rojas que salieron reclamar justicia tras el crimen, donde una joven fue baleada en el ojo con una posta de goma.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la intervención en las seccionales es llevada a cabo por personal de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Este medio pudo saber están investigando desde ayer y por ahora no se relevó a nadie, aunque según las fuentes, “esto puede cambiar en cualquier momento”. Todo dependerá de los avances de la investigación.
Según la agencia Télam, por orden de García, tanto el superintendente de la Región Interior Norte II, comisario general Jorge Monfort, como la superintendente de Políticas de Género, la comisaria mayor Sonia Luján Zampelunghe, se instalaron en Rojas para que el primero tome el mando de la comisaría local y la segunda, la de la Mujer. Además, el auditor general de Asuntos Internos, Darío Ricardo Díaz, mandó una comitiva a Rojas para hacer “auditorías preventivas” en ambas dependencias.
Asuntos Internos puso el foco no sólo en los enfrentamientos producidos el lunes por la noche en los que hubo destrozos, piedrazos y disparos de balas de goma frente a la comisaría sino en lo más importante para el caso: la actuación de la Comisaría de la Mujer después de las denuncias que había formulado o querido realizar Úrsula en esa dependencia tras la violencia ejercida por quien terminaría por ser su asesino.
El 8 de febrero, horas antes del femicidio, según pudo constatar Infobae, esa comisaría recibió un oficio del Juzgado de Paz para velar por la seguridad de la víctima.
Según Patricia, la madre de la víctima, la última vez que Úrsula quiso ir a denunciar a Martínez (25), por la violación de la perimetral, le dijeron a su hija que “no trabajaban el fin de semana”. Por eso ahora se tratará de determinar si la presunta falta de acción por parte de las autoridades contribuyó a que la joven de 18 años fuera violentamente asesinada. El fiscal Sergio Terrón, titular de la UFI 5 del Departamento Judicial de Junín, a cargo de la causa y que tenía una denuncia previa de la joven, calificó el expediente como femicidio.
Policías violentos
Según el último informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense publicado en 2017, que compiló estadísticas entregadas por la Auditoría de Asuntos Internos, en sus últimos datos disponibles, hubo más de 2200 policías acusados de violencia de género en la fuerza provincial en los dos años anteriores. 800, según fuentes de la fuerza, fueron sancionados.
De una muestra de 1286 casos incluida en el informe de Asuntos Internos, el 42 por ciento de los denunciantes fueron las parejas de los efectivos quienes elevaron el reclamo, las ex parejas en un 28 por ciento, con solo siete casos de colegas dentro de la fuerza. El principal tipo de violencia ejercido es el psicológico, que figura en un 57 por ciento, con un 38 por ciento de hechos denunciados que incluyen violencia física.
De ocho femicidios presuntamente cometidos por policías y registrados por Asuntos Internos en el período analizado solo una víctima era esposa del acusado y solo una su ex pareja, una cifra que contrasta fuertemente con el resto de las estadísticas que ubican a las parejas como denunciantes.
Sobre 1835 sumarios iniciados, solo 20 tenían una sanción de acuerdo al informe actualizado hasta comienzos de 2016. Los números vigentes hasta diciembre de 2017 cuentan otra historia. Más allá de los 699 policías echados de su cargo por acusaciones de ejercer violencia contra mujeres o contra sus familias, otros 118 fueron eventualmente suspendidos según indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad. Otros 46 fueron expulsados totalmente de la Bonaerense. En total, 863 policías en los últimos dos años.
Ahora, el crimen de Úrsula genera un nuevo debate sobre qué hace el estado con sus policías violentos.
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