A partir del próximo 1 de enero, la ciudad de Buenos Aires tendrá una nueva fiscalía especializada en perseguir penalmente la venta de drogas. Desde el Ministerio Público Fiscal porteño -a cargo del fiscal general Juan Bautista Mahíques-, señalaron que esta unificación de competencias permitirá una intervención más efectiva contra las redes de comercialización.
Las causas por venta de drogas actualmente se distribuyen entre las áreas de Casos Especiales de las cuatro Fiscalías Coordinadoras (Norte, Sur, Este y Oeste). A partir de 2021, todo quedará concentrado en la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), cuya titular será Cecilia Amil Martín, que absorberá sus recursos y contará, además, con un equipo que seleccionará las denuncias de acuerdo a nuevos criterios.
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En ese sentido, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) recordaron que la Justicia porteña recibió la competencia sobre la venta de drogas recién en 2019. A su vez, explicaron que durante el primer año los resultados fueron buenos pero se basaron en una intervención de carácter “reactivo”, procesando los casos que la policía encuentra en la calle de manera aleatoria.
La creación de la fiscalía especializada busca que sea el MPF, y no la policía, el que “salga a buscar los casos”, pero con un criterio “proactivo y propio”: priorizar las “zonas calientes” donde se han instalado “mercados abiertos” de venta de drogas.
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La decisión de poner el foco en los denominados “mercados abiertos” surge de estudios comparados y de evidencia empírica que señala que son los más perjudiciales para la seguridad pública. Se trata de los clásicos búnkers o zonas y calles donde la venta de drogas es visible y donde hay organizaciones criminales que controlan el espacio público.
Según el mapa de “zonas calientes” realizado por el MPF, los “mercados abiertos” se instalan muchas veces en los barrios vulnerables al amparo de la ausencia del Estado. “Eso es lo que vamos a atacar de manera prioritaria para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las áreas más desfavorecidas, que son las principales víctimas de estas redes de comercialización”, detallaron.
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La fiscalía especializada en narcocriminalidad funcionará en forma coordinada con el área de Seguridad del Gobierno porteño y utilizará a la Policía de la Ciudad como auxiliar. También contará con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Los fiscales se podrán servir de alguna de estas fuerzas de acuerdo al caso. “La diferencia será que la policía actuará según el criterio de persecución penal fijado por el MPF”, remarcaron.
Por otro lado, con la UFEIDE se podrán utilizar más eficientemente las llamadas “técnicas especiales de investigación”, que entre otros recursos utilizan a los agentes reveladores (por ejemplo, un policía de civil que simula ser un comprador) y a los arrepentidos (un detenido que intercambia información a cambio de un descuento de pena). A su vez, permitirá una mejor coordinación con la Justicia Federal, que investiga cómo las grandes organizaciones criminales trafican la droga y se financian.
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A principios de año, el fiscal general, Juan Bautista Mahíques, ya había implementado una profunda reforma de la estructura del Ministerio Público para dotarlo de mayor “eficacia y eficiencia” a la hora de perseguir el delito.
En esa resolución se establecía que los principales objetivos de la nueva gestión serían la la persecución penal de la corrupción política, de la violencia de las barras bravas y organizaciones criminales dedicadas al narcomenudeo, de la violencia de género y el cibercrimen.
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Esta reforma de la estructura administrativa partió de un diagnóstico contundente: la organización era vieja, poco operativa, su organigrama tenía demasiados “ravioles” (dependencias del organigrama) y muchas designaciones “políticas” poco capacitadas técnicamente.
En la misma línea, la nueva reunificación de competencias apunta a “ordenar los recursos materiales y humanos que hoy están dispersos” para perseguir el delito de manera más efectiva y estratégica.
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