
De vez en cuando, Teodoro Bustamante Sotelo salía de la casita que había edificado al fondo del terreno tomado donde vivía junto a sus hermanos cerca de la esquina de Gamboa y Armonía en González Catán. Se quedaba en casa mientras su mujer trabajaba como empleada doméstica. Tomaba mate, rara vez miraba al cielo, donde un drone de la división Búsqueda de la Policía Federal lo espiaba desde la altura. Teodoro probablemente nunca lo vio, o nunca sospechó lo suficiente. Uno de sus hermanos volvió a Paraguay, no sin antes dejarle su DNI argentino. El parecido le sirvió. Teodoro vivía en su propia piel, con el nombre de otro, hasta que la división Búsqueda de Prófugos lo capturó a metros de su casa este jueves al mediodía.
Sectores paraguayos de inteligencia criminal habían alertado a la Federal a mediados de agosto de su presencia, luego de que la Justicia de su país colgara un pedido de captura internacional sobre su cabeza por el delito bestial de violar a la mujer de un militar a fines de 2015 junto a otro hermano suyo, Dionicio, apodado “El Jefe” o “El Patrón”. Tenían una sigla de estilo paramilitar para su banda: la Unión del Pueblo Paraguayo, UPP.
Eran bandidos, Teodoro y él, con correrías de violencia en la zona de Itapúa o San Pedro, rateros de campo con un nombre épico de guerrilla de otra época.

Célebre por torturar a sus víctimas, la UPP no duró demasiado, ni siquiera un año de caos en el monte: la primera evidencia de su creación fue un manuscrito hallado por la Policía paraguaya en marzo de 2015 que reivindicaba al Che Guevara y anunciaba la creación del grupo. Con siete miembros al comenzar, su primera jugada fue invadir un inmueble propiedad de una empresa brasileña en el área de Encarnación. Un mes más tarde, en Caazapá, caía el primero de sus soldados, por así decirlo, un granjero de más de 42 años con pedido de captura por robo.
A Virgilio Cabrera, un hombre que se atrevió a denunciar a la UPP por robarle una motosierra, lo acribillaron y le incendiaron su rancho en diciembre de 2015.
Ese mismo mes, la Fiscalía de San Pedro del Paraná investigó un hecho de robo y abuso sexual en Kuarahy Resé, a 40 kilómetros de San Pedro. Ocurrió en la finca de Albercio Samudio, suegro de un militar: su hija fue violada en pleno monte, con su yerno maniatado a un árbol. “Querían dinero; pedían que les entreguemos el dinero. Entre todos juntamos unos 600 mil guaraníes y cuatro celulares” denunció Samudio según el diario paraguayo Hoy. Por el hecho, las víctimas señalaron al “Patrón” y a su hermano menor, Teodoro, de 22 años en ese entonces.
Poco después, Teodoro ingresó a la Argentina. “El Patrón” también. Así, vivieron la vida en el conurbano.
Teodoro duró cinco años oculto. Pero la semana pasada, otro de sus hermanos, Alcides, que no fue parte de la UPP hasta donde le consta a las autoridades argentinas, fue baleado hasta la muerte a pocas cuadras de su casa,cuando dos motochorros intentaron robarle el celular, un caso a cargo del fiscal Federico Medone. El cuerpo de Alcides, a contramano del resto de los muertos de la Argentina en la era del coronavirus, fue velado en su propia casa. Así, Teodoro se vio forzado a moverse, a tener que salir. La Federal lo arrestó a media cuadra del terreno tomado.
Así, caía el menor de los hermanos Bustamante Sotelo, el que más duró prófugo. La historia de Dionicio terminaba hace cuatro años, en julio de 2016, frente a un rancho en Derqui.

Cuando el Comando de Patrullas de Pilar de la Policía Bonaerense rodeó ayer a Dionicio para detenerlo, lo encontraron con una actitud atípica para un prófugo internacional marcado por Interpol: fumando marihuana con una pistola .9 mm en el cinto. Por su parte, Sotelo, paraguayo, de 24 años en ese entonces, tenía algo que decir. Pidió en el acto hablar con un policía que supiera guaraní; encontró uno disponible en el operativo conformado para llevarlo preso. Ahí buscó sobornarlo con dinero y drogas. No le sirvió de nada; terminó en un calabozo de la comisaría de Derqui a la espera de su extradición.
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