Daniel Horacio P. se jugó la suerte en Tribunales. Su defensa apeló a comienzos de este mes el rechazo de la Sala V de la Cámara de Casación a que reciba la prisión domiciliaria, luego de que el Juzgado N°27 a cargo del doctor Alberto Baños lo procesara en julio pasado. Buscó establecer motivos de salud ante la pandemia, presentó certificados médicos en un primer momento, pero ningún informe o historia clínica que acreditara una enfermedad.
Le tocó decidir a la Sala de Turno de la Cámara con los jueces Daniel Morín, Mario Magariños y Patricio Llerena. La apelación fue denegada el 14 de este mes. El hombre se quedó sin instancias. Era la cárcel o nada.
La Sala, básicamente, recordó la acusación en contra de Daniel P., osteópata, de 65 años, con una práctica privada en su departamento en Palermo, ex empleado de dos organismos del Gobierno bonaerense: abuso sexual con acceso carnal, violación.
Su supuesta víctima era una paciente. El lugar donde ocurrió el abuso: el consultorio en su casa.
Así, Daniel Horacio P. se dio a la fuga. Tenía vínculos en la zona de Ranelagh, donde lo encontró la división Búsqueda de Prófugos de la Policía de la Ciudad esta mañana en un allanamiento tras diversas tareas de inteligencia y un exhorto a un juzgado de garantías de Quilmes. Fue detenido con la cooperación de la Comisaría Segunda de Berazategui y luego trasladado a la Alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde se espera que se le realice el test de COVID-19.
No sería una sola víctima. En sus fallos previos, la Justicia razonó que el osteópata “podría amedrentar a la víctima, testigos y otras personas que podrían declarar en la causa, debido a que una testigo informó que algunas de sus amigas le habían afirmado haber vivenciado situaciones similares con el imputado, pero le solicitaron expresamente que no mencionara sus nombres”.
Por otra parte, la Justicia asegura que el osteópata “conoce el domicilio y teléfonos de los declarantes, puesto que algunas sesiones se concretaban en los domicilios particulares de los pacientes”
También hay otro detalle que no es menor: su víctima expresó tenerle miedo ante una eventual represalia por radicar la denuncia y pidió un botón antipánico.
A fines del mes pasado, Gregorio Evaristo Leiva, un tucumano de 71 años condenado por violar a su propia hija, comenzó a acosar sistemáticamente a su vecina de 12 años. El drama de la nena y su familia tuvo lugar en la localidad de Alderetes, muy cerca de San Miguel de Tucumán. Leiva cumple una condena desde 2017 por abuso sexual agravado luego de haber violado y embarazado a su propia hija hace algunos años. Cuando le concedieron el arresto domiciliario, se instaló en su casa ubicada a dos cuadras de la de J. y su mamá.
Ante la situación, la madre de la menor la envió a vivir con parientes tras pedir custodia policial. Tras la difusión del caso, la prisión domiciliaria de Leiva fue revocada.
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