El reclamo del fiscal acusado de vínculos con la banda los Monos, al momento de su detención

El fiscal Gustavo Ponce Asahad se encuentra detenido acusado de filtrar datos de investigaciones reservadas a una banda delictiva vinculada a “Los Monos” a cambio de coimas, con la participación del jefe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Patricio Serjal, a quien este martes se le dictó la prisión preventiva en el marco de la misma causa.

Una de las investigadoras detrás del caso contó que cuando allanaron la casa del fiscal, Ponce Asahad se quejó de que lo fueran a buscar a él y no a al jefe del MPA.

Gisela Paolicelli reveló en la audiencia de ayer, en la que se imputó a Serjal con prisión preventiva, la reacción que tuvo Ponce Asahad cuando la policía irrumpió en su domicilio para realizar un allanamiento en el marco de la causa por la que se está investigando el pago de coimas, por un valor de entre 4 y 5 mil dólares mensuales de parte de un capitalista del juego clandestino -vinculado a la narco banda Los Monos- a cambio de, presuntamente, eludir investigaciones. “¿Por qué no lo van a allanar a Serjal?”, dijo Paolicelli que reclamó Ponce Asahad cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en su casa.

El fiscal rosarino fue imputado la semana pasada con prisión preventiva por 90 días por cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de que un acusado de administrar casinos ilegales declarara el pago de coimas a él y a su jefe, Serjal, para no ser perseguido penalmente.

En tanto, Serjal fue detenido con prisión preventiva este martes acusado de “diseñar y ejecutar el plan” de fondo que se investiga. La jueza Eleonora Verón aceptó la imputación realizada por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y de esta manera Serjal quedó bajo arresto por los próximos tres meses, imputado por los delitos de “cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes, transmisión de datos reservados, omisión de persecución y peculado”.

Por la trascendencia del caso, el ex fiscal regional, renunció a su cargo el pasado 4 de agosto y ayer tuvo su audiencia imputativa. En la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, se defendió de la acusación de los cuatro fiscales que investigan el caso, Gisela Paolicelli, María Eugenia Iribarren, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

“Nunca pedí dinero ni recibí absolutamente nada, al señor (señalado como quien pagaba las coimas, Leonardo) Peiti no lo conozco”, declaró ante la jueza Verón. Además Serjal agregó que a fines del año pasado su superior, el Fiscal General de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, le habría pedido la renuncia por el “cambio de gobierno” y afirmó que le “quisieron hacer una cama” porque “evidentemente” lo quieren “sacar del medio”.

Para los fiscales a cargo de la investigación, Ponce era quien cobraba las coimas y su empleado, Nelson Ugolini, quien también se encuentra detenido, le filtraba información judicial a Peiti, el capitalista de juego ilegal imputado por ese delito y como integrante de una banda que cometía extorsiones a nombre de la organización “Los Monos”.

De acuerdo a lo planteado, Serjal junto a su subordinado Ponce Asahad y el empleado Ugolini “diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Leonardo Peiti y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o interferir en las investigaciones en curso”.

Por su parte, Peti declaró como imputado arrepentido que desde el 2018 existe el acuerdo con los funcionarios públicos, cuando Ponce le advirtió que existía una “causa grande” en la ciudad de Melincué contra él.

Se estima que durante 20 meses Peiti pagó 80 mil dólares en coimas que habrían sido entregados en efectivo, generalmente en mano a Ponce Asahad. Las coimas mensuales en dólares se abonaban una vez al mes o fraccionadas en dos veces. A los 80 mil dólares se suman otros 10 mil dólares más que habría abonado Peiti el 9 de julio pasado a Ponce Asahad, cuando el entonces fiscal -según sus dichos- le advirtió que había una investigación en su contra y le solicitó 100 mil dólares. Como el capitalista imputado y “arrepentido” no contaba con ese dinero, pagó 10 mil dólares.

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