Lucio González Fretes, de 41 años, nacido en Paraguay, fue detenido por la división Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal en su casa de la manzana 31 de Ciudad Oculta el viernes pasado por orden del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín. El delito: violencia de género, golpear a su mujer, que lo había denunciado horas antes. Parece una captura rápida, una situación dramática resuelta en tiempo express, cuando los juzgados pueden demorar un tiempo considerable para ordenar el arresto de un acusado de violencia machista, pero hay un detalle. Fretes había infringido las reglas: diez días antes, el TOF N°2 le había concedido el arresto domiciliario. La decisión no incluyó el posible contacto de coronavirus dentro de la cárcel. Los motivos para la excarcelación fueron otros.
El hombre había sido acusado del delito de venta de drogas, detenido desde el 19 de noviembre de 2018, todavía sin juicio ni condena. En su pedido, Fretes argumentó que “mi familia está atravesando un momento crítico respecto al factor económico, la madre de mis hijos de edad está sin trabajo desde hace ya unos meses siendo ella el sostén económico desde mi detención. Mis hijos de 16 años de edad y 6 años están pasando serias necesidades principalmente en su alimentación". “Debido a estos serios convenientes le solicito que contemple otorgarme el arresto domiciliario”, argumentó a los jueces: “De esta manera yo podría contenerlos y su madre puede salir a trabajar".
Apuntaba, entre otros factores, 20 años de relación con su mujer.
Su defensa aseguró en un escrito: “Además, es de público y notorio el aislamiento social obligatorio, el cual impone un restringido control que, junto con la pulsera electrónica, tornan a la medida de igual eficacia que la prisión intramuros”. Una asesoría de menores validó el pedido, la fiscalía de juicio del caso de Fretes se negó.
Según la decisión del TOF N°2, se labró un informe socioambiental en donde la pareja de Fretes "manifestó su deseo de recibir al imputado y asumir en relación a él un rol de garante, ya que ‘ello redundaría en un beneficio en la organización familiar, pudiendo el causante abocarse al cuidado de sus hijos’ y porque ‘sería de gran ayuda para el cuidado del hijo menor a quien debe dejar bajo la responsabilidad de su hermano de 16 años cuando ella va a su trabajo’”. Lo dijo ella misma: sola no podía, una realidad común en familias partidas por el encarcelamiento.
Así, se lo excarceló, luego de chequear que no tenía síntomas de covid-19. Se le prohibió la salida del domicilio en Ciudad Oculta, así como consumir alcohol o estupefacientes y someterse a la tobillera electrónica.
Diez días después, la pareja de Fretes, de 42 años, formuló la denuncia en su contra. La Federal lo encontró parado en la puerta de su casa.
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