Tres personas fueron detenidas a raíz de una serie de allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la provincia de Salta, en el marco de una causa que investigaba el accionar de una banda delictiva que estafaba a beneficiarios de planes sociales.
Entre los apresados se encuentran Jorge Moya, imputado como líder de la organización delictiva y presidente del Club Atlético Central Norte de Embarcación; Jesús Horacio Tarqui, mano derecha de Moya y secretario general del club; y Moira Francisca Pabloff, novia de Moya y gestora de la institución.
Moya es un reconocido “puntero” salteño. El dirigente político fue candidato a intendente de Embarcación, en 2015, y anteriormente se postuló para ser diputado nacional.
Durante los allanamientos, dos en domicilios particulares o otro en el club (que funcionaba como fachada para desarrollar la operatoria ilícita), se incautaron una PC, celulares y documentación de interés para el caso.
La investigación comenzó hace un mes a partir de una denuncia de la ANSES en la que se acusaba a Jorge Moya de recaudar dinero de mala fe, aprovechando la situación de vulnerabilidad de personas de bajos recursos, a quienes les cobraba entre $500 y $1.500 a cambio de ingresarlos en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para que mediante el trámite, puedan cobrar el denominado Ingreso Familiar de Emergencia que otorga el gobierno nacional ante la crisis por la pandemia de coronavirus que atraviesa el país. Asimismo, exigía el pago mensual de $1.000 para seguir percibiendo la ayuda económica.
Mediante tareas policiales y con la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y la Unidad Fiscal Federal de Salta, los oficiales identificaron al presidente del Club Atlético Central Norte como presunto cabecilla de esta organización, en la cual también participarían el actual secretario de la entidad y una mujer.
Los investigadores también pudieron determinar que otra modalidad que aplicaba la organización era convocar a jugadores de fútbol amateur para abonarles mensualmente con diversos planes sociales (modalidad ofrecida para concretar su pase de club), a cada jugador y a los miembros de su familia o allegados.
Otra modalidad que aplicaba Moya era la de prometer la gestión para el cobro del Salario Social Complementario a cambio de cuatro horas de trabajo en su domicilio particular y en el club. Los obligaba a realizar tareas de albañilería y servicios domésticos. Cabe destacar que aquellos que no las cumplían con lo exigido eran sometidos a maltrato, hostigamiento y obligados a pagar una “multa” por un monto que oscilaba entre los $1.000 a $1.500.
Los tres imputados fueron procesados por el juez Carlos Martinez Frugoni, del Juzgado Federal de Garantías de Orán, quien dispuso la prisión domiciliaria mientras analiza la documentación secuestrada y llama a declarar a otros testigos.
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