El domingo por la tarde, las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense confirmaron lo que muchos en el sistema penal de la Argentina creían tan solo una cuestión de tiempo: el primer detenido infectado de coronavirus en el país.
El detenido en cuestión, Julián Arakaki, de 49 años, un paciente renal crónico que necesita tres sesiones de diálisis por semana, había estado alojado originalmente en la Unidad N°23 de Florencio Varela, pero fue trasladado en las últimas semanas a la sala de Sanidad de la Unidad N°42 de la misma zona, al ser parte del grupo de riesgo por su diagnóstico.
Así, Arakaki era trasladado al hospital Perón en Avellaneda para su tratamiento. Las autoridades del SPB creen que se contagió allí, en un traslado reciente. El viernes pasado comenzó a exhibir síntomas compatibles con el virus: los resultados del test llegaron en el día de hoy. Arakaki quedó internado en el centro médico, varios detenidos y penitenciarios que tuvieron contacto con él fueron aislados preventivamente.
El contagio golpeó por dentro al SPB en las últimas semanas: tres penitenciarios resultaron contagiados, aunque el Servicio aseguró que ninguno tenía contacto con detenidos, personal de vigilancia en los muros, de intendencia, administrativos. Pero para cualquier preso en el sistema, con 45 mil en las cárceles bonaerenses, más de 13 mil en las federales, que el virus ingrese al cuerpo de otro detenido es una alarma obvia. Martín Lanatta, condenado por la Triple Fuga y por el Triple Crimen, aseguraba a Infobae semanas atrás: “Si entra el coronavirus, va a ser una masacre”.
Tras el shock, queda la historia de Arakaki mismo, algo aberrante. Lo condenaron a prisión perpetua. El delito: matar a su propia hija.
Su víctima tenía 8 años.
Ocurrió en agosto de 2012. Arakaki se había separado de su ex mujer apenas tres semanas antes. Tuvo tres hijas con ella. El fin de semana previo al crimen, Arakaki pasó a buscar a sus tres hijas menores a la casa de su ex en la zona de Villa Zagala, partido de San Martín, lindera con Vicente López. Las llevó a su casa en Martínez, a bordo de un remise. Arakaki regresó con ellas en auto el domingo por la noche, para llevarlas de vuelta con su madre, pero la menor, Milagros, no mostraba señales de vida.
Así, fueron al hospital Belgrano en la avenida Constituyentes, donde la muerte fue confirmada. Arakaki acompañó a su ex.
Arakaki, por su parte, decía que Milagros estaba dormida, al comienzo: la autopsia reveló que fue asfixiada. Documentos judiciales a los que accedió Infobae apuntaron a que el hombre, registrado en los rubros de venta de fruta y verdura de la AFIP en aquel entonces, usó sus propias manos para matarla, “asfixia por compresión manual”. Así, Arakaki, acusado de “homicidio calificado” fue detenido y alojado en la Comisaría 3ª de Villa Lynch.
Luego, el Tribunal N°4 de San Isidro lo condenaría a prisión perpetua por el crimen, una decisión que fue ratificada por la Sala IV de Casación del distrito. Su defensa particular presentó recursos que fueron desestimados por inadmisibles. La defensa incluso llegó hasta la Suprema Corte de la provincia en julio de 2015 para disputar los planteos de la Casación sanisidrense, sin éxito.
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