La Unidad Nº31 del Servicio Penitenciario Federal en San Nicolás, donde Natalia se encuentra detenida.
La Unidad Nº31 del Servicio Penitenciario Federal en San Nicolás, donde Natalia se encuentra detenida.

Natalia ya había corrido durante demasiado tiempo, se había hecho de enemigos, otros chicos como ella, la calle tiene esa dinámica brutal cuando nadie cuida a nadie. El 25 de agosto de 2017, poco antes de las 7 de la mañana, Natalia deambulaba en la calle Corrientes, cerca de la estación Uruguay de la línea B, se encontró con una chica que conocía de antes, Lorena, de apenas 14 años. “Te tengo bronca, vení, vamos a pelear”, le gritó Natalia, lejos de la casa de su mamá en las inmediaciones de una villa de Avellaneda, a la que había dejado hace tiempo.

A Lorena no le interesó el desafío de pelear. Así, bajó a la estación, donde compartía un colchón con cuatro chicos, algunos de ellos ya con un prontuario largo, que se dedicaban a robar por la zona del Obelisco. Natalia bajó, comenzó a buscarlos. Los encontró, ya dormían en el interior de la estación, cerca del acceso a uno de los ascensores, con la hora pico que se aproximaba y el vaho tibio del aire típico de la línea. Natalia tomó una botella de gaseosa que llevaba, de plástico azul: los roció con nafta y encendió la llama con un encendedor, soltó la botella y corrió.

Un policía de consigna en la estación no tardó en detenerla, mientras un grupo de bomberos apagaba el fuego; un empleado de Metrovías se descompensó por inhalar el humo negro. Dos de los chicos del colchón fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía. Lorena se llevó la peor parte: el 8% de su cuerpo resultó quemado, con lesiones en la cara, las manos y los brazos, de acuerdo a un perito del Cuerpo Médico Forense. Natalia fue trasladada a la Unidad Nº31 del Servicio Penitenciario Federal, el centro de detención de mujeres de Ezeiza.

Diez meses después, en octubre de 2018, Natalia, nacida en junio de 1999, se sentó asistida por un defensor oficial frente a la jueza Patricia Cusmanich, la única integrante del Tribunal Oral Nº22, para ser juzgada por el delito de tentativa de homicidio. Ya no sería juzgada por la Justicia de menores porteña, ya había cumplido 18 años cuando fue detenida esa mañana en el subte. Hubo un pacto, una pena acordada entre las partes, cuatro años y cuatro meses. Cusmanich le sumó cuatro meses más al ver el archivo. Tenía una pena previa en suspenso, un año y seis meses que en julio de 2017 le había dictado el Tribunal de Menores porteño Nº1, un juicio en donde se unificaron cinco causas de robo. La condicionalidad de esa pena, decidió la jueza Cusmanich, fue revocada.

Esa condena es la marca de su tragedia como chica de la calle: desde el agosto de 2015 hasta el 22 de mayo de 2017, tres meses antes de incendiar a los chicos del colchón, Natalia había sido detenida en diez ocasiones, a veces por períodos de dos días, otras por más de un mes: llegó a estar más de cinco meses encerrada. En 2015, Natalia llegó a ser arrestada tres veces en un período de tres semanas.

Para cuando cumplió la mayoría de edad, ya había pasado dos años, un mes y cinco días de su vida en jaulas de calabozos y en institutos de menores, prontuariada y judicializada, acusada de robar.

Generalmente las calificaciones de los expedientes marcaban ataques en banda y a punta de cuchillo con gente que conocía en la calle, hurtos de estéreos, arrebatos, la primera causa en su contra data de 2013, un robo en poblado y en banda cuando tenía 13 años, acumuló tres causas distintas ese año en la ciudad de Buenos Aires, otras cuatro al año siguiente de acuerdo a registros oficiales.

El 30 de agosto de 2015, un policía de la Federal la detuvo por robar a plena luz del día el estéreo de un Chevrolet Corsa estacionado en la calle Guardia Vieja cerca del supermercado Coto en Abasto, una cámara de seguridad la había delatado. Le dieron cuatro meses por ese hecho. Tuvo un cómplice esa vez, un hombre que era mayor de edad en aquel entonces. El cómplice no pudo presentarse en el juicio, su defensor oficial aseguró que era portador de HIV, que languidecía enfermo de tuberculosis en una cama del Muñiz.

Así, Natalia se convirtió en un hueco del sistema, uno al menos grande: la Procuración Penitenciaria de la Nación estableció en un informe que 2.064 menores fueron arrestados en la Ciudad entre junio de 2018 y junio de 2019. El 75% se vio involucrado en delitos contra la propiedad. En 100 detenciones a chicos en situación de calle, el 85% fue acusado de robos y hurtos. El 54% sale de sus detenciones acompañado de un familiar o de un referente afectivo: los expedientes judiciales alrededor de Natalia indican que el suyo no es el caso, que lo enfrentó todo sola, con encarcelamientos largos y vínculos rotos.

Después, queda el mensaje detrás del incendio: la violencia entre chicos de la calle que termina en las ambulancias del SAME y las guardias de hospitales públicos, rencillas y conflictos territoriales a veces marcados por el consumo de drogas. Uno puede preguntar a policías, a jueces, a ambulancieros, a organizaciones, los motivos son siempre los mismos: droga, odio y territorio.

Los años de cárcel fueron computados en la pena del Tribunal Nº22. Natalia, según los cálculos de la Justicia, recuperará su libertad en abril del año que viene.

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