Valdemar Loza, alias “El Tío”, de 56 años, desocupado según él mismo, salteño de origen y con domicilios en La Matanza y Monte Chingolo, beneficiario de un plan social de la ANSES, había esquivado a la Justicia durante buena parte de su vida. Su legajo de antecedentes penales estaba limpio a fines de 2017. “Un viejo transa con suerte”, lo definió un jefe policial: “Siempre se las arreglaba para esquivar. Pero esta vez, el viejo se confió.”
A Loza, por lo visto, confiarse le costó muy caro.
A comienzos de esta semana, Valdemar fue condenado a 15 años de cárcel por el Tribunal Federal Nº2 de Salta integrado por los jueces Abel Fleming, Marcelo Juárez Almaraz y Domingo Batule, acusado del delito de transporte de estupefacientes junto a otros cuatro cómplices que recibieron penas menores, luego de que el fiscal Federico Amad -que actuó en el expediente de la megacausa Carbón Blanco- solicitara penas de hasta 25 años. Loza había pasado los dos últimos dos años de su vida preso en la cárcel federal de Güemes en una celda por el delito por el cual lo condenaron: mover 1100 kilos de polvo en diciembre de 2017.
Fue arrestado en un galpón en Tapiales, provincia de Buenos Aires. La Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA -hoy conducida por el comisario mayor Raúl Britez- se encargó de esposarlo, en una causa bajo la firma del juez federal salteño Julio Bavio, en donde también intervino la Gendarmería, con apoyo de la PROCUNAR, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar el narcotráfico, a cargo del fiscal Diego Iglesias. Una serie de escuchas telefónicas llevaron hasta él: su alias y su número surgieron de una causa narco previa. Las intervenciones telefónicas hablaban de un jugoso negocio a cargo de “El Tío”, que no sería otro que Loza mismo, con una entrega pactada en un galpón sobre la calle Talcahuano en Tapiales.
Allí, a pocas cuadras, la PFA detectó a un camión Mercedes-Benz de gran porte llegar al lugar; Loza fue visto abordándolo, para ingresar en el galpón. Allí, el juez Bavio dio la orden: había 817 ladrillos de cocaína de alta pureza, cargados a una camioneta Toyota Hilux. La casa de Loza no estaba demasiado lejos, a unas diez cuadras. También fue allanada: se encontraron otros 280 panes de cocaína de alto grado junto a un revolver calibre .38. Otro punto en Tapiales ligado al “Tío” fue allanado, con USD 280 mil en efectivo.
Sin embargo, los dólares encontrados eran poco y nada comparado a los casi 1.100 kilos de polvo de alta calidad incautados. Voces en la PROCUNAR estimaban en en ese entonces un valor callejero para el kilo de cocaína boliviana de USD 10 mil en el mercado porteño. Así, de cara a este cuadro tarifario 2017, el lote ligado por las autoridades judiciales y policiales a Loza llega a casi USD 11 millones.
Y después quedan los hermanos de Valdemar, José y Erwin, que compró la Ferrari F355 Roja que Maradona conducía en 1996. Se la encontraron en una cochera de San Telmo a mediados de este año, junto con otros autos de colección.
Hay que investigadores que creen que la “bajada” de la tonelada de Tapiales habría sido “un negocio de Erwin”, aunque jamás se pudo probar.
Hoy, Erwin y José están detenidos por traficar más de 1200 kilos a Europa y lavar una fortuna, en un esquema investigado por la PROCUNAR y el juez Pablo Yadarola.
Hay otros nueve imputados en la causa en su contra. A mediados de octubre, el fiscal Turano y la PROCUNAR pidieron su elevación a juicio por el delito de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de dinero al exterior y al lavado de activos narco, diez años de operaciones oscuras desde 2008 hasta 2018, con una doble ruta de tráfico de cocaína oculta en pescado congelado y en autos de rally. El operativo que los derribó contó con 47 órdenes de allanamiento ejecutadas en el país y otras 26 en España -19 de ellas en la ciudad de Málaga-, con 38 vehículos incautados en ambos países, dos departamentos y tres hoteles confiscados, 361 mil dólares en efectivo, con la intervención del Juzgado Nº14 de Málaga y la Fiscalía Especial Antidroga de España.
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