
Un día de 2017 que D. no puede recordar con precisión, su madre se sentó junto a ella para hacerle una pregunta. Ella tenía entonces 11 años y su mamá, Paola, había encontrado en el celular de su marido, Carlos –nombres ficticios para preservar la identidad de la víctima– una foto de ella dormida, semidesnuda.
Paola pensó que esa imagen, de la que ella no tenía conocimiento, podía tratarse de algo grave: enseguida sospechó que tal vez su marido había abusado o intentado abusar de la hija de ambos. “Me agarró y me preguntó si él me había hecho algo, yo me quedé pensando y le dije que sí”, contó D. ante la Justicia, años después, en el contexto de una cámara Gesell en el Cuerpo Médico Forense. “Ella me creyó. Cuando se lo dije se enojó con él y lo sacó de la casa. Después, mi papá volvió”.
Efectivamente, Paola echó a Carlos de la casa que compartían en la Villa 20 de Villa Lugano. Pero, un tiempo después, sus padres se arreglaron y todo volvió a ser como era antes. “Yo pensé que mamá lo iba a llevar a la cárcel, que lo iba a denunciar, pero no lo hizo”, relató angustiada la menor. Su padre volvió a abusar de ella en reiteradas oportunidades y le advirtió que no debía contarle a su madre lo que hacía.
Dos años después, en febrero de 2019, D. no aguantó más.
Llamó a su media hermana de 18 años –hija de una relación anterior de su madre–, le pidió que la buscara, y frente a ella y la ex pareja de su madre contó que su padre biológico abusaba de ella desde los 8 años y la obligaba a ver pornografía infantil.
Así, la llevaron de inmediato al Hospital Cecilia Grierson en Villa Lugano (donde le hicieron una prueba de embarazo y dialogó con trabajadores sociales a los que pudo dar algunos detalles de lo que había pasado) e hicieron la denuncia penal. A partir de ese día, D. no volvió más a su casa y se quedó a vivir con ellos.
Desde ese momento, Paola empezó a enviarle mensajes a su hija, ya de 13 años, donde le advertía que la enviaría a Jujuy con sus tías por haber acusado a Carlos y la instaba a abandonar la denuncia para no perjudicarla a ella. “Por tu culpa voy a ir presa”, le escribió para intimidarla. D. hizo caso omiso de sus advertencias y tanto su madre como su padre obtuvieron una restricción de acercamiento hasta que la menor declarara en cámara Gesell.
La causa contra Carlos avanzó en el Juzgado Nº 41, subrogado por la doctora Alejandra Provítola, que procesó a Carlos con prisión preventiva por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal reiterado, agravado por tratarse de su hija, en concurso real con la tenencia de representaciones de menores de edad en actividades sexuales explícitas y suministro de material pornográfico a una menor de 13 años y corrupción de menores agravada por haber mediado violencia y amenazas.

El miércoles 18 de septiembre pasado, la división Delitos de la Salud de la Policía de la Ciudad golpeó la puerta de la casa de Villa 20 en busca de Carlos. Paola los atendió y dijo que su marido no estaba mientras él intentaba escapar, sin éxito, por la parte trasera. Cuando lo esposaron y le leyeron la imputación en su contra, Carlos agachó la cabeza y no dijo nada. La madre de D. no se mostró muy sorprendida tampoco. En esa casa, además, la policía secuestró cinco teléfonos celulares que están siendo peritados. Luego se negó a declarar.
La abultada imputación se sustenta en el relato estremecedor que D. hizo en su declaración. La víctima dijo que su padre abusaba de ella desde que estaba en tercer grado y hasta sus 13 años, cuando se fue. Aseguró que aprovechaba los momentos a solas en su casa para tocarla y violarla y que, cuando su madre viajaba a Jujuy a visitar a su familia, Carlos quería hacerlo todos los días.
Ella, para evitarlo, se encerraba en el baño hasta que él se quedara dormido. Relató además que él la amenazaba con no pagar los pasajes para la vuelta de su madre y que le manifestó que tenía intenciones de “tocar” a una amiga suya de 10 u 11 años de edad.

También fue muy clara respecto a la pornografía que su padre la obligaba a ver. “En su celular tiene videos. No sé cómo se le dice. De adolescentes, embarazadas y bebés, que lo hacían. Que un hombre les metía su miembro”, contó. “Eran adolescentes de 8, 11 y 12 años. No los conocía. También había bebés, a los que les pasaban su miembro en la colita, un hombre, no sé quién era, era un hombre desconocido. No me acuerdo cuántas veces me los exhibió, esto fue en 2014”.
Para la jueza Provítola no hubo dudas. Las pericias psicológicas sobre la menor indicaron que D. “presenta signos y síntomas consignados compatibles con haber sido abusada sexualmente” y que brindó un relató “verosímil” sobre los hechos, y lo hizo “con claridad, consistencia, coherencia interna y estructura lógica”, además de que “se vio inmersa en actos con aptitud suficiente para ver truncado su normal desarrollo psicosexual".
Paola, a pesar de que no quedó detenida, fue llamada a indagatoria. Cuando se presentó a declarar, lo único que dijo fue que no sabía lo que ocurría, que de haberlo sabido lo habría denunciado, y se negó a contestar preguntas.

La Justicia consideró que Paola, al no haber efectuado la denuncia correspondiente ni haber tomado medidas para cesar el contacto de su hija con el abusador, la puso “en una situación de total desamparo” y la abandonó a su suerte frente a nuevas situaciones de abuso. También le atribuyó haber intentado ayudar a su marido a eludir las investigaciones e instar por mensajes de texto a que su hija retirara la denuncia.
La jueza Provítola consideró que Paola “no solo tenía conocimiento de las acciones que su pareja efectuaba en relación a su hija, sino que las permitió colaborando con su inacción y su silencio en la perpetración de las mismas” al haber tomado conocimiento oportunamente de lo que ocurría. Es decir que, lejos de protegerla, decidió “desoír y desatender” a la menor y dar lugar a su atacante para que sigan los abusos.
En los últimos días, Paola fue procesada como autora por omisión de los delitos de corrupción de menores agravado, abuso sexual con acceso carnal reiterado y suministro de material pornográfico a una menor de 13 años.
Fue embargada por 1.050.000 pesos y, aunque transitará el proceso en su contra en libertad, tiene una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de su hija por tiempo indeterminado. Tampoco puede tener ningún tipo de contacto telefónico, por correo electrónico, redes sociales o terceras personas con ella. El martes próximo, Paola deberá presentarse de nuevo para ser indagada.
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