Tiene 18 años y llegó al país desde Venezuela hace poco tiempo. Toda su familia está en aquel país. Ella está sola. No tiene ningún pariente en la Argentina. Hace dos semanas desapareció de la casa en la que vivía con el hombre al que había conocido mientras viajaba hacia Buenos Aires.
La investigación judicial comenzó como si fuera un secuestro. El hombre que vivía con la joven-canadiense de origen japonés- fue a la comisaría 6A de la Policía de la Ciudad para denunciar que su amiga María R.P. (su identidad no se revela), corría peligro. Al menos eso era lo que le hacían creer mediante mensajes de WhatsApp quienes se presentaban como los captores: le pedían primero 500 dólares y luego 1000 para liberarla. Debía pagar la suma en bitcoins o hacer un giro por Money Gram. El denunciante había entablado relación con la jovencísima venezolana en Brasil y llegaron juntos a Buenos Aires.
Ella, luego de una discusión, abandonó el departamento que compartían. Fue entonces que el hombre comenzó a recibir claros mensajes: que pagara el rescate solicitado porque si no lo hacía amenazaban con cortarle un dedo a la joven, incluso con matarla.
Hizo la denuncia por el secuestro y comenzó a actuar la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo y la División Operativa Central de la Policía Federal. Intervinieron el teléfono de la joven que no aparecía y el celular desde donde mandaban los mensajes pidiendo rescate.
A partir del análisis del celular de María R.P. descubrieron que la joven había llamado en varias ocasiones a otro celular ubicado en Buenos Aires. Respecto del celular desde donde se hicieron los pedidos de rescate se determinó que estaba situado en la localidad del norte de Caracas llamada Catia La Mar. Es decir que los llamados solicitando dinero provenían desde Venezuela.
La Policía ubicó a la persona que había sido contactada por la joven que teóricamente estaba secuestrada. Era un venezolano, repartidor de pedidos, que vive en una pensión del centro porteño. Cuando lo hallaron el hombre explicó que efectivamente conocía a María R.P. y que estaba viviendo con él hace unos días. Es más, dijo que ella no podía usar su celular, por lo que le prestó el suyo para que se comunicara con su familia en Venezuela.
El repartidor aseguró que la joven venezolana podría estar en una iglesia o en una parrilla cerca de la esquina de Bonpland y Costa Rica, Palermo. Hacia allí fueron los policías y la encontraron. “No estoy secuestrada” fue lo primero que dijo.
Además, el repartidor venezolano entregó el celular a las autoridades policiales y allí se hallaron mensajes de voz de la joven dando indicaciones para que sus familiares hicieran las llamadas con el pedido de dinero a su amigo canadiense. Como el hombre al que le pedían los 1000 dólares para liberarla solicitaba una prueba de vida, ella grabó un mensaje que envió desde el teléfono del repartidor a sus familiares. Ese mensaje decía “Papi ¿dónde estás?, por favor ayúdame no sé dónde estoy, ayúdame por favor, ya quiero ya volver”. También encontraron otros mensajes en los que hablaba del canadiense, daba indicaciones para borrar los audios enviados por WhatsApp y explicaba que necesitan unos 1000 dólares para volver a Brasil.
La situación judicial de la joven se complicó luego de revelado el contenido de los mensajes. Y el caso pasó de ser un probable secuestro a una extorsión. Comenzó a intervenir el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien indagó a la joven.
En el procesamiento dictado contra la joven venezolana -al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales- se volcó la declaración indagatoria. Lo único que dijo ante el juez fue “Yo María R.P. declaro que soy venezolana víctima de un secuestro en Venezuela, violada, amordazada, sometida y bañada en gasolina dada estas circunstancias, tomé la decisión de irme de mi país a dedo. Me tracé una meta de llegar a Buenos Aires, pasé por Brasil todo a cola; pasando hambre necesidades, todo para llegar a un objetivo llegar a la República de Buenos Aires, para encontrar la paz y no recordar los hechos mencionados. Sólo les pido que no cohíban lo único que tengo que es mi libertad. Soy una persona muy sufrida, busco mi paz, tengo una condición en el hígado se llama condición de Gilbert, necesito tratarlo. Estoy sola en este país y necesito ayuda. Quiero estudiar, quiero hacer un cambio, siempre he trabajado como ayudante de cocina, es todo lo que tengo para decir y no voy a contestar preguntas del tribunal”.
El juez Martínez De Giorgi dictó el procesamiento de María R.P. por el delito de extorsión porque quedó demostrado que ella había armado con sus familiares el falso secuestro para sacarle dinero al canadiense. El juez federal envió el caso a la justicia de Instrucción. La joven venezolana por ahora seguirá detenida.
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