Mesa de Diálogo entre jueces por la gravedad de la situación carcelaria

Los integrantes del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles (SICC) se reunieron el jueves 26 de septiembre con jueces y juezas de todo el país en una Mesa de Diálogo sobre relevamiento de la realidad carcelaria.

Para el Sistema, el concepto “cárcel” alcanza a todo lugar donde se aloja a privados de libertad y en la actualidad se han habilitado lugares que no reúnen las condiciones mínimas, incluso en edificios judiciales. “La cuestión interpela la dimensión humana de la Justicia”, señaló el juez Gustavo Hornos, de la Cámara de Casación Penal, presidente del Sistema.

Hornos recordó que el SICC se constituyó en una articulación estratégica que observa y recomienda -desde su creación en el año 2013- que los crecientes niveles de sobrepoblación y hacinamiento producen situaciones de restricción indebida de todos los derechos de las personas privadas de la libertad en contradicción con los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El magistrado convocó a los presentes a concurrir al territorio, a realizar monitoreos periódicos de los lugares de detención, conforme las Reglas de Mandela, como herramienta de prevención de vulneración de derechos.

Además propuso realizar un seguimiento de las acciones de Habeas Corpus colectivo a través de un registro que permita coordinar las soluciones dadas en cada caso de modo tal que las decisiones judiciales puedan cumplirse sin afectar otros derechos ni generar nuevas acciones.

Durante la Mesa de Diálogo se realizaron propuestas concretas destinadas a contener el aumento de la población penal. Manifestaron algunas de las más actuales preocupaciones, muchas derivadas de la situación de sobrepoblación que atraviesa el sistema federal, así como las consecuencias de índole diversa que acarrea.

“El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles reafirma su compromiso con la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad que constituye un imperativo ético para los magistrados”, remarcaron sus voceros.

Además de Hornos; participaron del encuentro el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Pablo Jantus, y el juez Alberto Huarte Petite; el presidente de la Cámara Criminal y Correccional, Alberto Seijas; de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el juez Mariano Llorens; de la Cámara Federal de General Roca, Ricardo Guido Barreiro; los jueces federales Sebastián Ramos, Julián Ercolini y Gustavo Villanueva, de Neuquén.

Asimismo concurrieron jueces de Tribunales Orales que realizan el control de la ejecución de la pena, entre ellos, Sergio Paduczak, Guillermo Costabel, Sabrina Namer, Ricardo Basilico, María Noel Costa, Adrián Martin, Guillermo Friele, Gustavo Rofrano, Gabriel Vega, Rodrigo Giménez Uriburu, Cristina Deluca Giacobini y Alejandro Zavala. Y la jueza de ejecución Vilma Bisceglia. Por el sistema de videoconferencia, participó la doctora Eliana Rattá, de Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.

También estuvieron defensores públicos oficiales, fiscales, integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de las organizaciones de la sociedad civil (Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Provincial por la Memoria y Asociación Pensamiento Penal).

Asimismo, concurrieron los comisionados Diana Conti y Gustavo Palmieri, del Comité Nacional contra la Tortura, y representantes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Del encuentro también participaron las prosecretarias letradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Valeria Fernández y Leticia García. Y los secretarios delegados de Casación asignados a los Complejos Penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz, entre otros funcionarios y empleados de la Cámara Federal de Casación Penal.

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